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El nuevo año reinicia los ciclos. En el horizonte largo hay lugar para el optimismo pero sin duda experimentaremos turbulencias significativas en los próximos meses originadas en el complejo e inestable sistema económico global. En el frente interno tendremos elecciones en varios estados que importan porque configurarán el escenario político en el que se dará la sucesión presidencial. Existe otro espacio en el cual se adoptarán decisiones que incidirán en el futuro de la nación: me refiero al Congreso de la Unión.
En efecto, resultado de las últimas reformas constitucionales, así como de otras decisiones políticas o jurisdiccionales, el Congreso tiene la responsabilidad de diseñar, debatir y aprobar un conjunto de leyes que pueden reconfigurar no sólo el sistema jurídico sino también el marco de actuación del conjunto del Estado mexicano. Haré un breve recuento, no exhaustivo, de la enorme tarea que enfrentan los legisladores.
Junto con la ya promulgada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, el Congreso debe aún expedir las leyes generales de datos personales y de archivos. Estos tres instrumentos no sólo son relevantes en sí mismos sino que además deben estar articulados entre sí pues de lo contrario los resultados en materia de generación, uso y conservación de la información gubernamental serán magros y poco efectivos.
Quizá la tarea más crítica y difícil será la construcción del sistema nacional anticorrupción y el rediseño del sistema de responsabilidades administrativas. Esto supone la elaboración de varias leyes generales nuevas y la reforma a más de una veintena de leyes federales vigentes. En buena medida el futuro de la rendición de cuentas del Estado mexicano se juega en estas reformas.
La materia de seguridad sigue siendo el gran pendiente sin resolver. Permanece sin dictamen la propuesta de reformas constitucionales que establecen, entre otras cuestiones, el Mando Único Policial, la facultad del Congreso para expedir leyes generales en seguridad pública y permiten que la Federación asuma funciones municipales en ciertas circunstancias. Una vez que se aprueban las reformas constitucionales, el Congreso deberá emitir las leyes generales y federales que correspondan. A lo anterior deben sumarse las leyes en materia de justicia para adolescentes, desaparición forzada, uso legítimo de la fuerza y ejecución de sanciones penales.
A lo mencionado hay que sumar la obligación de los legisladores de actuar en materia de registros públicos inmobiliarios, propaganda gubernamental, registro nacional de población, suspensión de derechos y garantías y lo que resulte de las foros en materia de regulación de marihuana y justicia cotidiana.
Un legislador responsable podría palidecer ante la magnitud de la tarea, sobre todo si se considera la escasa capacidad institucional que tiene el Congreso para procesar la enorme cantidad de información que requiere cada uno de los temas, generar un debate informado y diseñar leyes con un mínimo de calidad que les den viabilidad.
El tema de fondo es doble. En una primera dimensión urge una reflexión seria sobre la capacidad de las leyes para resolver problemas y transformar la realidad. Esperamos demasiado de ellas porque desconfiamos mucho, y no sin razón, de la política. Debe darse especial atención a la función de las leyes generales en un sistema federal cada vez más complejo y menos funcional. En un segundo plano hay que asumir que si queremos construir un Estado de derecho en serio tendríamos que pensar en las reformas institucionales que requiere el Congreso para dotarlo de las competencias necesarias para hacer buenas leyes. Sin estas reformas las Cámaras seguirán siendo el lugar del desencanto.
Profesor investigador del CIDE
