El recorte de gasto público anunciado por 132 mil millones de pesos o 0.7% del PIB cubre parte de la brecha de ingreso fiscal, tomando en cuenta las coberturas a 49 dólares para 212 millones de barriles (el 53% de la meta de exportación). Otros 189 millones de barriles de exportación quedaron sin cobertura y de ahí el recorte en Pemex.
Entre 2013 y 2015 el ingreso petrolero fiscal cayó de 5.4% a 2.3% del PIB (-3.1 puntos porcentuales). Esto se cubrió con un aumento de la recaudación de impuesto sobre la renta por 1.2 puntos y un impuesto especial de gasolina que después de tener un saldo negativo en 2013 llegó a 2 puntos del PIB en 2015. Hasta ahí, quedó solventada la fuerte caída de ingresos.
Si eso fue así, entonces las razones por las que el Banco de México hoy insiste en un ajuste fiscal significativo deben ser las proyecciones que se puedan desprender 2 a 3 años adelante. Es ahí donde surge la necesidad de más ajuste.
Primero, el gasto público total aumentó en ese mismo periodo en 1.1 puntos del PIB. Segundo, en 2015 el déficit fiscal fue 3.5% del PIB y el gobierno se comprometió a reducirlo 3% este año y más en los próximos.
Tercero, aunque el impuesto de gasolina y diésel aporta tanto como 2% del PIB, en realidad es un ingreso fortuito, pues se deriva de una diferencia entre el precio de venta en México y el costo de la gasolina importada, mucho más bajo. Para 2018 la reforma de energía contemplaba la liberalización del mercado de gasolina, pero hoy el anuncio es adelantarla a 2016. No sabemos que pase este año con estos ingresos, pero en 2019 no debería contarse con ellos.
Cuarto, Pemex adeuda mucho a proveedores y, por ahora, Nafin hará frente a parte de esas obligaciones. El presidente de Canacintra estimó que a proveedores nacionales les deben 100 mil millones de pesos, pero debe haber una cifra adicional para proveedores extranjeros.
Todas estas presiones sugieren que el ajuste del gasto público a mediano plazo sería cuando menos 2 a 3 puntos del PIB adicionales a lo anunciado.
Eso implica a los precios actuales más de 500 mil millones de pesos, recortes que podrían no ser viables en la coyuntura económica y social de México.
Quizás lo mejor en esta coyuntura sea no comprometer reducciones de gasto más que en cifras menores a 1% del PIB y repetirlas por uno o dos años más, si eso es políticamente posible. Y hasta donde no lo fuera, posponer la continuación del ajuste fiscal para después de 2018.
Mucho de lo que motivó el anuncio del recorte de gasto fue la presión del mercado sobre el tipo de cambio del peso. Esto es así, en parte, por un cambio de expectativas sobre la trayectoria fiscal de México, después de la caída tan fuerte de ingresos petroleros.
Así, parte de la presión del mercado podría responderse con ajustes más modestos que los sugeridos arriba, siempre y cuando se anuncien con toda antelación y sus metas se cumplan.
No sabemos cuál será el ambiente económico global en los próximos 2-3 años, pero cuando menos habrá un escenario es de estancamiento o muy bajo crecimiento. Ahí habría un poco más de tolerancia por el consenso internacional a políticas de gasto público más holgadas. Sin dejar de ser riesgoso, un ajuste muy gradual del gasto podría ser factible si hay mucha confianza en la dirección que muestra la economía y hay realismo en las medidas que se anuncien.
Eso hace indispensable una actualización del marco macroeconómico multianual, así como la protección al máximo de los proyectos de inversión pública que tengan impacto positivo en el crecimiento.
Analista económico
rograo@gmail.com
