La prensa parece alarmada por el tamaño del déficit fiscal hasta octubre, de 490 mil millones, aunque esto en realidad apunta a lo estimado en el paquete presupuestario que fue aprobado por el Congreso, de 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Aún alta, esta cifra está dentro de lo aceptado por todas las partes interesadas, incluso por el mismo sector empresarial, quien calificó el paquete como “responsable”.
Ahora bien, la dinámica que muestra no sólo el déficit, sino varias de sus integrantes, es preocupante. Para el año se aproximará o rebasará los 600 mil millones de pesos y será el tercer año consecutivo con cifras altas en relación con la tendencia de años anteriores.
Su aumento de 10.2% hasta octubre en términos reales marca una pauta que se ve difícil revertir, salvo con fuertes reducciones de gasto.
También es preocupante que el déficit primario (los ingresos menos los gastos excluyendo el servicio de la deuda) sólo sea el 43% de este faltante de recursos, pues eso significa que el costo del servicio de la deuda está pesando mucho. Y si esto es así, cuando las tasas de interés (internacionales y nacionales) están en niveles extraordinariamente bajos, la preocupación será mayor cuando comiencen a subir.
Desde luego hay una situación medular que explica esta gran presión fiscal, es decir, la caída de los ingresos petroleros que representa, sólo hasta octubre, 371 mil millones, cuyo impacto se reparte entre el del gobierno y el ingreso propio de Pemex. Por la relación presupuestal tan cercana entre el gobierno y Pemex, para efectos financieros no es lógico considerarlos como entes separados, aunque ésta haya sido formalmente recreada como Empresa Productiva del Estado.
En ese razonamiento las observaciones de las agencias calificadoras que indican una separación entre ambas entidades son irrealistas, para efectos de la perspectiva de calificación de deuda. Sólo para recordar, de 2009 a 2014 el ingreso petrolero representó 8.2% del PIB. De ese monto, el gobierno recibió como derechos de hidrocarburos 5.1%.
Tal nivel de contribución de una empresa estatal hace que su destino financiero sea prácticamente el mismo que el del gobierno, por lo menos hasta que transcurra un largo periodo de transición en el que Pemex podría realmente convertirse en una empresa del Estado. Para eso, sin embargo, deberíamos estar viendo hoy medidas realmente radicales de mejora en su manejo, las cuales no son obvias. Y para el tamaño de la tarea que tiene por delante deberíamos estar viendo una dirección del más alto nivel.
Todo lo anterior pone el escenario fiscal de 2016 en una trayectoria mucho menos clara que la que el Congreso ha pretendido cuando aprobó el Presupuesto y siguió tolerando inercias imperdonables en el gasto, empezando con su propio gasto, entre otras, de sus numerosas comisiones y prebendas.
El impuesto especial a la gasolina resultó en un elemento fortuito para el balance fiscal de este año. Este impuesto aportó 197 mil millones sólo hasta octubre y sin esa contribución el déficit estaría en un nivel alarmante. Como el mismo depende del precio de la gasolina, no parece factible que este precio se reduzca, a menos que se incurra en riesgos que a estas alturas son innecesarios, habiendo ya tantos otros.
Entre otros, la situación global se sigue inclinando a una deflación y EU se salva, sólo porque pudo fortalecer su propia actividad interna. El nivel tan alto de inventarios de petróleo sigue apuntando a una debilidad de precios. Y la fortaleza del dólar explica la caída de los costos de muchas exportaciones.
Analista económico.
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