El 5 de junio de 2016 habrá elecciones en 13 estados. En 12 de ellos se elige gobernador. También en 12 estados se eligen diputados locales y ayuntamientos. Varios de esos estados presentan altos índices de pobreza. Debe evitarse el uso electoral de los programas sociales.
Los estados donde se elige gobernador son: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En esos estados, salvo en Puebla, también se elegirán Congresos locales y ayuntamientos. El estado sin cambio de gobernador que elige Congreso y ayuntamientos es Baja California.
De los 13 estados con procesos electorales, en cinco no ha habido alternancia aún: Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
Puebla ocupa el segundo lugar por porcentaje y el tercero por cantidad de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Son casi 7 de cada 10 (69.7%), 4.3 millones de personas.
Oaxaca ocupa el tercer lugar por porcentaje y el noveno por cantidad de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Casi 7 de cada 10 (68.8%), 2.7 millones de personas.
Veracruz ocupa el séptimo lugar por porcentaje y el segundo lugar por cantidad de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Más de 6 de cada 10 (63%), 5 millones de personas.
Este contexto es propicio para prácticas de coacción del voto y condicionamiento de programas sociales. Estas prácticas no se pueden evitar con la legislación penal vigente que los tipifica como delitos electorales, lo cual hasta ahora no ha tenido efecto práctico. Mucho menos con mensajes marginales como el que se añade en la propaganda gubernamental. (“Este programa es público y no puede ser usado con fines distintos al desarrollo social”).
La proliferación de programas sociales de los últimos 15 años se explica en parte por el interés de los políticos de darles uso clientelar con sesgos electorales. Coneval ha identificado más de 5 mil 500 programas sociales de gobiernos estatales y municipales (en un inventario que se sabe incompleto).
El sesgo electoral de los programas sociales tiene un doble efecto perverso: atenta contra la democracia y reduce la efectividad de la política social. Para lograr resultados frente a la pobreza y la desigualdad se requieren medidas de fondo para evitar el clientelismo y reducir la “programitis”, o sea, la creciente dispersión de programas.
Una medida eficaz, probada con éxito en muchos países de América Latina, es la creación de un padrón único de beneficiarios. El padrón único es un registro de población, con información de las características demográficas y socioeconómicas de los hogares, administrado con transparencia y con mecanismos de vigilancia, que sirve como vía obligatoria para asignar los subsidios y apoyos sociales.
En México, el padrón único está mencionado en la Ley General de Desarrollo Social, pero aún no funciona como tal. Se requiere legislar para establecer su uso obligatorio y garantizar su administración transparente. Conviene hacerlo antes de la elección presidencial de 2018.
La reforma a esa ley debe ordenar que los programas y subsidios sociales destinados para hogares o personas se canalicen objetiva y transparentemente, exclusivamente a través de ese padrón. Y que esto sea obligatorio para los tres órdenes de gobierno. Asimismo, debe crear un organismo técnico, ciudadanizado, que integre, administre y mantenga actualizado el padrón.
El padrón único, el uso obligatorio de datos abiertos y el fortalecimiento de la contraloría social, constituyen tres medidas efectivas de blindaje de los programas sociales. Enfrentan su uso político, pero sobre todo permiten mejorar sus resultados frente a la pobreza. Exijámoslos.
Consultor en programas internacionales
@rghermosillo
