La Procuraduría General de la República y acto seguido la Consejería Jurídica de la Presidencia han promovido ante la Suprema Corte de Justicia 39 y 13 impugnaciones respectivamente, en contra de preceptos fundamentales de la Constitución de la Ciudad de México. Habida cuenta de la unanimidad absoluta que selló los trabajos de la Constituyente —consenso al que se sumó el PRI y los representantes del grupo del Presidente de la República— esto parece un hecho absolutamente incongruente. Máxime que el actual procurador fue miembro de la Asamblea y que jamás expresó lo que ahora sostiene de modo tan aberrante.
Existen dos interpretaciones sobre esta agresión que rompe los equilibrios democráticos del país y pretende arrinconar a las fuerzas políticas de la Ciudad. La primera es que se trataba de un plan premeditado, conformado por una composición de la constituyente que otorgaba un poder desmesurado a legisladores no electos por la Ciudad, por una redacción restrictiva del artículo 122 de la Constitución federal y por un tiempo excesivamente limitado para aprobar la carta de la Ciudad que la condenaba al fracaso. La segunda es que el gobierno federal ha cambiado su posición frente a la autonomía de la capital y alberga la esperanza de un gobierno central autoritario, en alianza con la administración de Trump y con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Nada había ocurrido en la época contemporánea como las decisiones de Álvaro Obregón suprimiendo los municipios de la capital, estableciendo la primacía del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y cancelando la reelección legislativa a efecto de establecer un poder nacional unitario fundado en el Ejército.
Sobresale el prurito de cancelar una transición democrática cuyo fruto más acabado era la Constitución local. El gobierno federal ha dado marcha atrás a los acuerdos que condujeron, desde 1996, a la autonomía política de la Ciudad y ha mostrado la voluntad manifiesta de nulificar todos los avances ideológicos y logros programáticos que la izquierda había alcanzado durante 20 años de gobierno.
No analizaremos por ahora la serie de desatinos e incongruencias de las actuales posiciones del poder central. Bastaría decir que representan un acto vesánico de demolición de las instituciones creadas por el Constituyente más avanzado y plural que ha existido en el país. Esta agresión está presidida por acciones judiciales de carácter federal contra las fotomultas y el programa de verificación vehicular promovidas por Miguel Ángel Mancera. El gobierno de Peña Nieto ha decidido ahogar el huevo de la serpiente. Revela no solamente su temor a un nuevo tipo de organización constitucional en el país, ya que la carta de la Ciudad está destinada a alentar, por efecto de demostración, cambios fundamentales en las constituciones de los estados de la Federación y a impulsar la construcción de un nuevo pacto nacional.
Sin duda alguna el núcleo de la controversia es la reforma al Poder Judicial de la Ciudad, la más avanzada de que se tenga memoria desde 1917, combatida desde un principio por el tribunal local, que terminó impugnándola frente a la Corte. Se trata de prolongar el pacto de impunidad y la obediencia conjunta a los poderes fácticos del Ejecutivo y Judicial. En el camino pretenden vetar todos aquellos avances en materia de derechos humanos, de planeación democrática y de combate a la corrupción que distinguen a la Constitución de la Ciudad respecto de las normas federales.
Pretenden también que la incorporación del Derecho Convencional sólo pueda efectuarse por los organismos federales, cuando se trata de un bloque de constitucionalidad obligatorio para todas las autoridades y ordenes de gobierno del país. Niegan las facultades residuales concedidas a la Ciudad por la reforma a la Constitución federal. Anulan la soberanía del pueblo de la Ciudad para definir su régimen de gobierno consagrado en el artículo 41 de la carta federal y aniquila la autonomía de la capital.
Estas decisiones son de extrema gravedad porque cancelan un ciclo democrático en el país y anuncian el surgimiento de un esquema autoritario que demanda suspender la expansión libertaria de la Ciudad. A partir de ahora se enfrentan dos conceptos de nación y sin duda habremos de formar un movimiento en defensa de los derechos de la capital en contra del golpe de fuerza de la Federación. Venceremos.
Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México
