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La cercanía del proceso constituyente de la Ciudad de México ha despertado el interés de la ciudadanía y de sus portavoces. Con independencia de opiniones críticas, existe la convicción de que es una invaluable oportunidad para reafirmar los valores democráticos y disponer de un texto normativo moderno y avanzado del que se apropie la población para la defensa de sus derechos.
Significará sin duda un despertar del federalismo, ya que todos los estados tienen la capacidad jurídica para hacerlo. Pone de manifiesto la necesidad de elaborar una nueva Constitución federal, que muchos hemos propuesto desde hace varios decenios, en virtud de las innumerables ocasiones que ha sido reformada, a veces con avances plausibles pero casi siempre conforme a los intereses de los gobiernos en turno y durante los años más recientes, en un sentido opuesto a la filosofía y a las disposiciones del texto original.
En tiempos de desesperanza nacional y de un Estado fallido, se vuelve indispensable la restauración de la República, la revisión de su andamiaje institucional y la definición de un rumbo claro para el porvenir; lo que obliga al establecimiento de una nueva constitucionalidad. De un texto escueto, limpio y accesible que elimine las contradicciones y adefesios en que se ha incurrido.
La UNAM ha elaborado un estudio académico que propone una revisión de nuestra Carta Magna a la luz de la técnica y sistemática jurídicas. Compendia el cuerpo constitucional para rescatar sus disposiciones substantivas y sugiere una “Ley de desarrollo constitucional” que incluya las normas de carácter reglamentario. Por la naturaleza no legislativa de este empeño, mantiene las decisiones políticas y jurídicas vigentes. Tiene no obstante, la enorme utilidad de haber demostrado que la Constitución se ha convertido en un pastiche desordenado, extenso y descuidado, cuya prolijidad lo hace ilegible en muchas partes.
La furia reformadora ha resultado en 696 modificaciones al texto original, dos tercios de ellas después de 1982. Mientras que el original tenía 21 mil palabras, el actual tiene 67 mil. No se trata sólo de distorsiones formales, sino de una rotunda obsolescencia. La transición política naufragó en la frivolidad por no haberse asumido el compromiso de una revisión integral de la Constitución y del cambio de régimen propuesto por la Comisión de Estudios de la Reforma del Estado. El gobierno tomó una decisión pepenadora y entreguista: medrar entre los restos del antiguo régimen y jibarizar al Estado frente al extranjero y los poderes fácticos.
A partir de entonces se observa un notable incremento de quienes piensan que la Constitución no sirve ya para resolver los problemas nacionales: un 54% en 2001, un 72.2% en 2011 y un 77% en 2015. Han decaído dramáticamente su viabilidad y vigencia, como afirma Diego Valadés. No basta un reordenamiento, una sistemática coherente, ni una técnica rigurosa que sólo pulirían o embellecerían un texto disfuncional. Estamos obligados a remozar el régimen político, el federalismo, las autonomías, el acceso a la justicia, el control al poder público, los mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos, la relación entre el Estado y la sociedad, las instituciones de democracia participativa, la rendición de cuentas, la responsabilidad del Estado en la economía y la inserción de México en el mundo.
La asociación Por México Hoy se ha propuesto hacer jurídicamente viable la convocatoria a un Congreso Constituyente mediante la modificación del artículo 35, fracción VII que reconozca el derecho de la ciudadanía a participar en las reformas integrales a la Constitución y del artículo 41 para determinar que la soberanía popular se ejerce también a través de un Congreso Constituyente. Así podría haber reformas parciales e integrales. Las primeras mediante los procedimientos actuales y las segundas a través de la convocatoria a un Constituyente electo por votación popular, solicitado cuando menos por el 5% de la lista nacional de electores. Se trataría de reunir, a partir de ahora, varios millones de firmas que sirvieran a la vez para solicitar la reforma a los artículos constitucionales mencionados y —una vez aprobados— convocar al Congreso Constituyente. Ello entraña una inmensa movilización popular y de conciencias que otorgue razón y sentido a la gran causa que vamos a emprender.
Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México
