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Santiago Creel, como todos los políticos con trayectoria destacada, es un personaje polémico. Pero nadie puede negar que se trata de un abogado destacado. Por eso no resultaba inverosímil la teoría de que sería designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales de este año. La tesis de que existía un acuerdo político en esa dirección circuló por los medios a los pocos días del nombramiento del ministro Medina Mora y levantó polémica de inmediato. Sobre todo reactivó las suspicacias y reforzó las preocupaciones de quienes interpretaron la designación de este último como una maniobra para restarle independencia al máximo tribunal. Por eso es tan relevante la entrevista que Creel ofreció a este mismo diario hace algunos días (EL UNIVERSAL, 13/07/15) y en la que, con toda claridad, se descarta para el cargo. Vale la pena rescatar sus argumentos.
Dice Creel que todos los abogados, desde el primer año de la carrera, aspiran a ser ministros de la Corte o procuradores generales de la República. La generalización es arriesgada, pero tiene sentido si pensamos en los estudiantes de Derecho con vocación de servicio público. Trabajar en el sistema de procuración e impartición de justicia es una aspiración legítima que está en la agenda de muchos juristas. Encabezar alguna de las instituciones responsables de esas tareas es la máxima expresión de esa pretensión.
Pero, si pensamos en la Corte, no cualquier abogado tiene el perfil para ser ministro. Independientemente de los méritos profesionales acumulados con los años —que pueden ser muchos— para ocupar esa responsabilidad es necesario acreditar independencia frente a los poderes y autonomía ante los partidos políticos. Ello, por supuesto, además de otros atributos que doy por descontados: solvencia moral, honestidad probada, capacidad técnica, etc. Lo que ahora me interesa es la dimensión política de la cuestión por su relevancia específica y porque está en el centro de las declaraciones del ex secretario de Gobernación.
“Sé que mi candidatura, en este caso, no es viable”, confió Creel a su entrevistador. No lo es, según su razonamiento, porque la Corte requiere de ministros que “tengan una visión imparcial” que es incompatible con una militancia partidista tan definida como la suya. Tiene absolutamente razón. Durante casi dos décadas y hasta el nombramiento más reciente se había logrado despolitizar el nombramiento de los jueces constitucionales y ello había redundado en una mayor independencia del máximo tribunal frente a los otros poderes del Estado. Podemos decir que esa especie de pacto no escrito era un haber de la transición democrática que inauguró Zedillo y que los gobiernos panistas supieron respetar.
Sin ambages, Creel retoma la lógica de ese acuerdo y advierte que su nombre generaría un debate que “no le conviene a la Corte, no le conviene a la justicia” y, según sus propias palabras, tampoco le conviene a él. De nuevo, no se equivoca. La Corte necesita de nombramientos que refuercen su legitimidad, aumenten su credibilidad y, sobre todo, cimienten su capacidad técnica. Ello en un momento en el que la justicia está en crisis en todo el país. Por lo mismo, el Presidente y los senadores deben sortear la polémica perfilando candidaturas idóneas, desahogando procedimientos abiertos y, sobre todo, logrando nombramientos solventes. Tendrán que hacerlo, además, de cara a una academia y una sociedad civil enteradas e interesadas. De ahí que el pronunciamiento de Creel merezca reconocimiento. Al aceptar que ‘sí quiere pero no debe’ aspirar a la Corte envía un mensaje que debemos celebrar. En el fondo nos recuerda que lo importante no son las personas y sus aspiraciones sino las instituciones, su legitimidad y su buen funcionamiento. Bravo.
Para rematar aquella entrevista afortunada, el panista advierte que en noviembre se va una destacada ministra y que a la Suprema Corte le hacen falta mujeres. De nueva cuenta, coincido.
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
