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Hay una prueba contundente e irrefutable que demuestra que en México la corrupción no es algo “cultural” o “genético” de lo que no podamos desprendernos. Basta ver el comportamiento respetuoso de la ley de los mexicanos en Estados Unidos. Los mismos que en México se pasan los semáforos, allá los respetan. Quienes inundan con basura nuestras calles, allá son civilizados y la tiran en su lugar. Aquellos que en México le ofrecen dinero al policía de tránsito o al funcionario municipal jamás se atreverían siquiera a pensarlo cuando están pasando el control fronterizo para entrar en el país del norte.
De acuerdo. El problema no es cultural entonces. ¿Pero qué clase de problema es? La pregunta es relevante en la medida en que, para desesperación de muchos, vemos que la corrupción es una hidra de mil cabezas que se extiende sin control y sin freno por todos lados.
No hay partido político que se salve. Hemos visto gobiernos corruptos del PRI a nivel nacional, estatal y municipal. Bajo el gobierno del panista Felipe Calderón fue que Elba Esther Gordillo aumentó todavía más su fortuna personal, de acuerdo a las investigaciones de la PGR que la mantienen vinculada a proceso. Y de nuestra izquierda perredista los ejemplos son también clamorosos: la corrupción en las delegaciones de la CDMX ha sido monumental desde 1997 (aunque ya existía cuando las autoridades locales no eran electas por la ciudadanía, sino impuestas por el gobierno federal). Hasta Morena va cargando ya con sus propios escándalos por asignaciones multimillonarias de contratos a personas que, aparentemente, no tendrían la capacidad específica para llevarlos a cabo (pero sí tendrían otro tipo de “habilidades”, quizá más interesantes para algunos dirigentes partidistas).
¿Cómo cortarle la cabeza a esta hidra que crece y se reproduce sin parar? La última invención de nuestros ingenieros constitucionales es interesante: un Sistema Nacional Anticorrupción que conjuga participación de funcionarios con representantes de la sociedad civil. Es una de las grandes apuestas institucionales —tal vez la mayor del sexenio— de nuestro constitucionalismo reciente, pero está por verse que pueda dar buenos resultados, a la vista de las debilidades que ha mostrado las docenas de mecanismos anteriores que no han funcionado: tenemos órganos internos de control, contralorías de todo tipo, comisiones de investigación, procuradurías, auditorías superiores, poderes judiciales y un largo etcétera.
El resultado de ese conglomerado institucional ha sido casi nulo. No hay sentencias firmes, definitivas, contra ningún ex gobernador, ningún funcionario federal de alto nivel, desde luego contra ningún ex presidente, contra ningún ministro de la SCJN, contra ningún ex procurador, ningún encargado del sistema penitenciario con tantas fugas de presos y tan gigantescas estructuras de corrupción a la vista de todos.
Es como si la corrupción fuera cosa de funcionarios de cuarto y quinto nivel. Como si no pasara de lo que recibe de mordida el policía de la esquina para no multarnos cuando nos pasamos un semáforo.
A la luz de todo eso y a reserva de darle un voto de confianza al Sistema Nacional Anticorrupción, propongo que México le solicite a la ONU que mande una comisión de expertos internacionales para investigar actos de corrupción en México, dotados de facultades para solicitar específicamente a las autoridades mexicanas que actúen en casos concretos de prácticas corruptas. Solamente una misión diplomática permanente, independiente, podrá ser ajena a todo tipo de presiones, chantajes y limitaciones a las que han estado sometidos cientos de funcionarios que supuestamente fueron nombrados para investigar la corrupción y que llevan décadas demostrando que se trata de una tarea imposible.
No faltarán quienes digan que eso atenta contra la “soberanía nacional”. Se trata de las retrógradas voces de siempre, las que se empeñan en que nada cambie. Son los que quieren seguir ganando a costa de los demás. No los escuchemos. Llamemos a la ONU para que nos ayude a cortar algunas cabezas de la hidra de la corrupción.
Investigador del IIJ-UNAM
@MiguelCarbonell
