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Ninguna constitución es inmutable, aun cuando la estabilidad y permanencia sean parte de su esencia. El mismo reconocimiento de la facultad de un constituyente permanente para revisar, modificar y cambiar su contenido es condición para su vigencia y efectividad ante la exigencia de una dinámica realidad político-social en permanente cambio dialéctico.
Al llegar a su centenario, se manifiesta un generalizado reclamo social para realizar una revisión profunda de nuestra Constitución de 1917.
Indudablemente que la Carta Magna expresa una línea de continuidad y evolución de los ideales, aspiraciones y decisiones de nuestra nación, pero, ¿cuántos de los derechos fundamentales reconocidos tienen vigencia efectiva?, ¿en 2016, existe igualdad para los indígenas, las mujeres y los discapacitados?, ¿acaso todos los mexicanos tienen acceso a la educación, a la cultura y a la vivienda?, ¿por qué no se cumple con el derecho esencial a un salario digno y remunerador?, ¿por qué si nuestra ley fundamental garantiza los derechos humanos y un sistema de seguridad pública, son cada vez más frecuentes hechos abominables como los sucedidos en Tlatlaya o Iguala?
Revisión profunda de nuestra Constitución sí, pero que la gran reforma emerja de un amplio acuerdo nacional, de un nuevo pacto social que logre el consenso y compromiso de elaboración y aplicación no sólo del Ejecutivo, partidos políticos y grupos parlamentarios, sino de la ciudadanía y de todos los sectores de la sociedad, como la mejor garantía de legitimidad y efectividad de su contenido normativo.
Revisión responsable y congruente, cuidando que las nuevas normas respeten y enriquezcan la evolución jurídica del Estado social de derecho reconocido en la Constitución del 17, en favor de la igualdad social, derechos humanos plenos, seguridad humana, justicia para todos y la consolidación de nuestro orden democrático.
No más cambios parciales, incongruentes y distorsionadores, impuestos de forma ilegal por mayorías parlamentarias para satisfacer intereses particulares de poderes fácticos y grupos de poder, aun contra el rechazo e interés de la sociedad. Tampoco la instauración de modelos de desarrollo incrustados desde los idearios de los partidos políticos hegemónicos, que de manera calculada y criminal han sumido en la pobreza y desigualdad social a más de la mitad de la población en favor de la acumulación de riqueza de unos cuantos.
La falta de respuesta inmediata y oportuna a los grandes problemas del país; la distorsión de su espíritu mediante modificaciones arbitrarias, sin coherencia ni correspondencia con sus principios fundamentales, y con el objetivo perverso de socavar los derechos económicos y sociales de la población y depredar la riqueza nacional, son síntomas inequívocos del agotamiento de algunas de las instituciones establecidas en la Constitución.
La ineficacia para garantizar a plenitud la división de poderes y acotar el excesivo poder del Ejecutivo son también algunos de los signos que demuestran falta de legitimidad de varios aspectos hoy regulados en la Carta Magna y que exigen un replanteamiento inmediato de sus bases y valores fundamentales.
De cara a la celebración de su centenario, la revisión de nuestra Constitución se presenta así como la gran exigencia de un nuevo pacto fundacional para México. Pacto fundacional que derive de una gran convocatoria que genere la más amplia participación, adhesión y confianza política para que todos los sectores de la población, pero sobre todo los jóvenes, identifiquen a la norma suprema no sólo como el fundamento de nuestro orden jurídico o como la base del Estado de derecho, sino como un proyecto de nación que les brinda oportunidades individuales para insertarse con éxito en un mundo globalizado.
Coordinador parlamentario del PRD en el
Senado de la República
@MBarbosaMX
