La polémica y la controversia que han generado las notas publicadas por EL UNIVERSAL respecto al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) han subido de tono y de calor. Admito que no es cosa fácil mantener la sangre fría en un asunto que toca fibras tan sensibles y que afecta intereses tan disímiles. Pero, en este caso, vale la pena intentarlo.
Me sumo a quienes piensan que EL UNIVERSAL se equivocó. Amplificó la voz de quienes han buscado minar la autoridad del Comité que está llamado a convocar a los ciudadanos para hacer uso de las leyes derivadas del SNA y puso en tela de juicio la ética de quienes forman la Comisión de Selección que designó el Senado. Quienes fueron lastimados directamente por esas decisiones, renunciaron a la colaboración que mantenían con el periódico, reivindicando así su posición política y devolviendo el golpe que recibieron. El resultado de este intercambio es, sin embargo, una pérdida neta para todos: EL UNIVERSAL perdió colaboradores muy valiosos y éstos, a su vez, una trinchera difícil de suplir.
Por mi parte, creo que EL UNIVERSAL puede y debe modificar la agenda que se ha propuesto para el tema. Con el mismo ahínco con el que se ha propuesto desentrañar cualquier posible irregularidad en la actividad de esos colectivos ciudadanos y darles seguimiento, tendría que investigar cómo se formó la lista de candidatos propuestos por el presidente Peña para integrar las nuevas salas del Tribunal de Justicia Administrativa, que juzgarán las faltas graves de corrupción en el país; tendría que darnos noticia detallada sobre los intereses cruzados que han entorpecido la designación del nuevo fiscal anticorrupción; tendría que ayudarnos a entender el papel que está jugando la renovada Secretaría de la Función Pública del gobierno federal; y tendría que hacer el seguimiento de los avances y los retrocesos en la conformación de los sistemas estatales anticorrupción. Y por supuesto, no quitar el dedo del renglón.
Pensar que el SNA se juega completo en el Comité de Participación Ciudadana formada por cinco ciudadanos es un error técnico y jurídico. Las decisiones más importantes recaerán en aquellos otros órganos que, sumados al Consejo de la Judicatura, a la Auditoría Superior de la Federación y al Inai, ameritan sendas investigaciones periodísticas. El Comité de marras, en cambio, tiene la obligación de hacer el seguimiento de esas tareas, de proponer (que no decidir) políticas y de convocar a la sociedad a hacer uso de las nuevas herramientas disponibles para combatir la corrupción. Nada menos, pero nada más.
De modo que si quisiera sumarse a la tarea fundamental, EL UNIVERSAL podría convertirse además en un foro abierto para que los ciudadanos aprendan a hacer uso colectivo de las leyes que les permitirían oponerse a la vulneracion sistemática de sus derechos. Una tarea que organizaciones como Nosotrxs ha propuesto desdoblar por todo el país y que reclama la defensa de todas las trincheras y de todos los medios de comunicación para llevarse a cabo. Y que llueve, truene o relampaguee, debe mantenerse vigente con toda convicción, si de veras queremos evitar que México siga revolcándose en el fango.
Desde el año 2003 he publicado en este diario, cada semana, lo que me ha venido en gana, sin que nadie toque una coma a mis artículos. Y así lo seguiré haciendo. Por eso creo que EL UNIVERSAL puede modificar la agenda y echar mano de su experiencia centenaria. No sólo para darle espacio a las voces encontradas, sino para adelantarse a ellas y tomar partido a favor de una de las causas más sensibles del país. Es verdad que las crisis son oportunidades y la que se vive en México va mucho más allá de las páginas de este periódico. Y en este sentido, cada línea cuenta (y cuenta mucho).
Investigador del CIDE
