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El discurso leído el pasado 31 de marzo por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH —durante la presentación del informe anual de ese organismo— no tiene desperdicio. La tesis central es simple y contundente: si las leyes no se cumplen, todos los derechos se convierten en papel mojado. Si queremos evitar todas las violencias que está sufriendo México, hay que empezar por hacer valer las leyes.
Vale la pena citarlo in extenso: “La corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas, hizo patente la falta de ética y de valores en diversas autoridades e instituciones. (…) Ya sea por ineficiencias burocráticas o por insolvencia ética de los servidores públicos, lo cierto es que esta situación ha fortalecido en la sociedad la percepción de que el cumplimiento y la aplicación de la ley es algo discrecional y que los contenidos de las normas son objeto de negociación o una vía para concretar intereses particulares”.
La descripción de los hechos que sostienen esas afirmaciones del ómbusdman es devastadora: torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, fosas clandestinas, violaciones y feminicidios, abusos sobre niñas, niños y adolescentes, agresiones y crímenes contra periodistas y defensores de derechos, entre otras violencias cotidianas y desatendidas, dan cuenta de la desesperación del presidente de la CNDH para que sus recomendaciones sean cumplidas y no sólo “tramitadas” como cosa burocrática.
Léase su texto: “Por regla general —dice González Pérez— todas las recomendaciones que emite la CNDH son aceptadas (pero) no se materializan o tardan mucho en concretarse. (…) La falta de acción de las autoridades contribuye a preservar estas prácticas, fortalece la impunidad y aumenta el desamparo y sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia, el atropello y el abuso del poder”. La vieja consigna colonial —añado por mi parte— “acátese pero no se cumpla”, sigue siendo la regla habitual del Estado mexicano.
Pero sigue siendo, también, la causa principal del desencanto y de la distancia que separan a la mayor parte de la sociedad de los intermediarios políticos, y el motor más potente de la espiral de violencia y degradación que está viviendo México. La falta de cumplimiento de las leyes no sólo cancela el ejercicio real de los derechos, sino que además abre la puerta franca para la guerra de todos contra todos. La ausencia del Estado no equivale solamente al fracaso de las instituciones, sino a la derrota colectiva de nuestra convivencia.
Una cita más del ómbusdman que suscribo entera: “Es la hora de un cambio ético en la vida institucional y pública de nuestro país. Este cambio debe pasar, necesariamente, por ubicar efectivamente los derechos humanos como eje y parámetro de toda política pública; por generar una debida cultura de la legalidad conforme a la cual, el cumplimiento y la aplicación de la ley se vuelva una premisa irrenunciable; por emprender un combate real y no sólo formal a la impunidad, la corrupción y todo lo que ello implica”. Ese cambio, sin embargo, no podrá ocurrir solamente desde las instituciones, sino que debe promoverse desde la sociedad organizada. Cumplir la ley para hacer valer derechos reclama una revolución de las conciencias y una movilización activa y firme para oponernos a nuestra propia destrucción.
Propongo que nos organicemos cuanto antes. No en función de las siguientes elecciones sino de nuestra sobrevivencia como sociedad. Propongo que no dejemos pasar más tiempo para cobrar conciencia y actuar colectivamente en defensa de nuestros derechos, a través de las leyes que tenemos. Propongo que opongamos nuestra dignidad a la degradación. Propongo que salgamos ya a recuperar lo que nos pertenece y a emprender la batalla definitiva por salvarnos a nosotros mismos.
Investigador del CIDE
