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Esta semana se realizaron las entrevistas de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con los 17 candidatos finalistas a ocupar una de las cinco plazas de ese comité. La decisión se tomará el 30 de enero en una sesión pública, luego de que los expedientes y las intervenciones hayan sido evaluadas en conjunto y de que se hayan recogido las opiniones de distintas organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de quienes quieran hacer saber sus preferencias (www.comisionsna.mx). A partir del mes siguiente, habrá nuevos actores en la escena política de México.
Entre los finalistas hay personas con experiencia sobrada en la materia y con trayectorias vitales que acreditan un compromiso sincero con la transparencia y el combate a la corrupción. Cada una presidirá el SNA durante un año, de manera secuencial, tal como lo establece la Ley General que organiza ese sistema. Pero la tarea fundamental que los cinco deben emprender como cuerpo colegiado será dotar de voz y credibilidad a ese proyecto que es, de suyo, la mayor promesa que haya hecho el régimen político de México para afrontar la corrupción.
Los integrantes de ese Comité tendrán que desplegarse en varias pistas simultáneas. De un lado, deben darle contenido técnico a la Secretaría Ejecutiva del sistema para que se convierta, como lo prevé la ley, en una suerte de “Coneval de la corrupción”, con un cuerpo de profesionales capaz de medir ese fenómeno y de establecer parámetros plausibles que nos permitan reconocer todas sus aristas, a partir de datos y métodos que cualquier persona pueda comprender. Medir el fenómeno de la corrupción es un desafío mayúsculo en cualquier parte del mundo. Y mucho más en México, donde las prácticas corruptas corren por las venas del sistema político vigente.
Por otra parte, el Comité de Participación Ciudadana no sólo tendrá que presidir las sesiones del SNA, sino vigilar y encauzar la coordinación entre las seis dependencias que lo forman. De nada serviría todo este esfuerzo, si los medios de control interno y externo de los recursos públicos y los instrumentos de prevención, vigilancia, denuncia y sanción de los hechos de corrupción siguen operando de manera fragmentaria. Con la presidencia del SNA en manos de los ciudadanos, habrá un primus inter pares: una séptima silla con autoridad moral para exigir que todos los demás cumplan con sus cometidos, sin excusas ni pretextos.
Pero la mayor responsabilidad estará en crear todas las vías para que los ciudadanos comunes y corrientes se adueñen del sistema. El nombre de ese comité describe su misión fundamental: asegurar la participación ciudadana en el combate a la corrupción por todos los medios disponibles. Sus cinco integrantes deben convertirse así en el gozne capaz de unir a todas las personas —organizaciones, instituciones, individuos— que estén dispuestas a emprender una batalla franca y orquestada en contra de la corrupción. El nuevo comité tendrá obligaciones técnicas y administrativas sumamente relevantes, pero la labor fundamental que se les habrá entregado será política: convocar, persuadir, organizar al mayor número posible de conciencias vivas para ir contrarrestando a las redes de la corrupción que nos están ahogando.
Ese comité necesitará de todos los aliados que quieran y puedan sumarse a la batalla. Para salvaguardar y potenciar este proyecto es indispensable e incluso urgente construir el mayor acompañamiento social y político por todo el territorio. Debemos actuar por fuera de ese comité con toda convicción, para que no se queden solos, para que cada vez se sumen más personas y para no rendir la plaza sin haber intentado todo para dignificar la vida pública de México. Que así sea.
Investigador del CIDE