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El presidente Peña Nieto ha lastimado la confianza de la sociedad en varias ocasiones. El “gasolinazo” se recordará quizás como el momento de inflexión definitivo, pero lo cierto es que los despropósitos cometidos a lo largo del sexenio forman ya una larga lista que explica el hartazgo de los ciudadanos. Si en este momento se convocara un referéndum para ratificar o revocar el mandato que le ha sido conferido, seguro el Presidente perdería por una abrumadora mayoría.
No faltan quienes promueven ya esa idea, aun sabiendo que no tendrá efectos jurídicos. De hecho, las redes ya están moviéndose en esa dirección, porque no es descabellada la posibilidad de dejar constancia del rechazo a las decisiones que se han tomado en función de intereses que no son los del pueblo, sino de las élites y los poderes fácticos. Y no me refiero solamente al fondo de esas decisiones, sino a las formas que, en materia política, importan tanto o más que los contenidos sustantivos.
Con todo, plantearse la salida inmediata del presidente Peña Nieto no serviría sino para canalizar momentáneamente la ira popular, sin haber resuelto el destino del país. Y en este sentido, tampoco ayudaría sumarse a las voces que proponen la construcción de una comisión internacional para investigar la corrupción que asoma ya por todas partes —como sucedió en Guatemala—, donde la salida del presidente Otto Pérez Molina alivió el encono pero acabó minando la soberanía y enredando mucho más la vida interna de nuestros vecinos.
El problema que enfrentamos como sociedad no se constriñe a la mala conducción del Presidente. No sólo han fallado el bagaje ético y el aprecio del jefe del Estado por los sentimientos de los mexicanos, sino el sistema de intermediación política en su conjunto. Atrapados por las estrategias electorales y el oportunismo, los políticos han perdido la conexión con los problemas cotidianos de la gente y se han encerrado entre sus redes y discursos. No hay comunicación sino clientelas, no hay diálogos sino disputas, no hay construcción de opciones y políticas sino ocurrencias. No hay puentes que nos permitan transitar hacia el final de este sexenio y el principio del siguiente, sin rupturas ni amenazas. En estas condiciones de casi nada serviría insistir en la vieja letanía del “quítate tú para que me ponga yo”.
Tengo para mí que construir esos puentes ya no depende tanto de la clase política tradicional —ni mucho menos de buscar un presidente de emergencia—, cuanto de nuestra propia capacidad para exigir el cumplimiento de las leyes en todos los rincones del Estado mexicano. No basta pedir que se vayan unos para que vengan otros: eso que quieren los partidos que compiten obsesivamente por los puestos. Lo que hace falta es que todos cumplan a pie juntillas el mandato que les otorgamos; que todos rindan cuentas de lo que están haciendo; que todos perciban que no habrá más tolerancia a sus abusos o su negligencia; que la iracundia se convierta en organización, para no dejar un solo cabo suelto que obstruya la vigilancia de la sociedad sobre los gobiernos, ni un solo medio legal para oponerse con firmeza a las malas decisiones.
El Estado es la organización política suprema de la sociedad. Pero hay que rescatarlo de los intermediarios. No necesitamos otros dueños, sino adueñarnos de las leyes que, a pesar de todo, están a favor de la participación activa de los ciudadanos en todos los asuntos públicos. No obstante, las leyes no se cumplirán si no hay una multitud organizada que las encarne y las impulse y, mucho menos, si en lugar de hacer pedagogía política y convocar a la revolución de las conciencias, esperamos que venga otro Tlatoani. México no es propiedad del Presidente; es de nosotr@s.
Investigador del CIDE
