En términos de jerarquía y poder electoral, no hay cargo más importante que el de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las siete personas que integran ese órgano tienen la última palabra en todas las impugnaciones que se presentan antes, durante y después de los comicios, en la imposición de sanciones a partidos, agrupaciones o personas físicas o morales, en los conflictos laborales del INE y del propio Tribunal y en el cómputo final y la declaración de validez de la elección presidencial.
Los siete magistrados que formarán la cabeza del sistema electoral mexicano para las elecciones de 2018 serán electos por el Senado de la República antes del próximo 4 de noviembre, a partir de las ternas que conformará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un procedimiento que hasta ahora ha pasado prácticamente inadvertido para la sociedad. Esta misma semana está corriendo el plazo para que cualquier persona presente —“por escrito y de manera fundada y en forma comedida y respetuosa”— observaciones y objeciones a la lista de 126 aspirantes que, a juicio de la Corte, cumplieron los requisitos formales para ocupar los cargos.
Al concluir esta semana, el pleno de la Corte seleccionará a 42 candidatos finalistas. Según el acuerdo emitido por el máximo tribunal de este país, lo hará conforme los criterios formales establecidos en el Artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y “allegándose los elementos que estime pertinentes y las peculiaridades que revistan los aspirantes”. ¿Qué elementos y qué peculiaridades? Eso solo lo saben los ministros que escribirán en sendos tarjetones amarillos sellados previamente —ese detalle sí lo dice el acuerdo publicado— el nombre de cuarenta y dos candidatos “que conforme a su criterio, cuenten con los mayores méritos curriculares y con un perfil acorde con las funciones de Magistrado”.
Una vez que esa lista de 42 candidatos haya sido publicada, los ministros los convocarán a comparecer en una sesión pública en la que cada uno contará con “un tiempo máximo de cinco minutos” para exponer los puntos que hayan desarrollado en un ensayo “de hasta diez cuartillas”, y luego cada candidato tendrá otros cinco minutos para responder a las preguntas que formulen los ministros. Cumplida esta formalidad, seleccionarán a los 21 que finalmente serán presentados ante el Senado en siete ternas, para que éste elija, por mayoría calificada de dos terceras partes, a los nuevos miembros de la Sala Superior del TEPJF. Por su parte, el Senado de la República no se ha pronunciado todavía sobre los criterios que utilizará para elegir siete entre veintiuno.
De modo que, en suma, lo único que sabemos con certeza es que hay 126 nombres que cumplieron los requisitos para ocupar los puestos más relevantes del sistema electoral de México, que los ministros seleccionarán a 42 individuos conforme a sus criterios propios, que luego les darán diez minutos para hablar y que, acto seguido, cerrarán la lista a 21 para que el Senado elija a 7. ¿Quiénes son esas personas, qué trayectoria tienen, en qué consisten los criterios aludidos, qué calificarán en las comparecencias? De eso, no sabemos nada. Quizás nos enteraremos cuando las decisiones ya se hayan tomado o cuando, en su momento, el asunto adquiera plena visibilidad pública al pasar de la Suprema Corte al Senado de la República.
No obstante, también sabemos que los ministros no están hechos de cartón piedra, que cada uno debe tener criterios diferentes para seleccionar a sus propios candidatos y que seguramente están conscientes de la trascendencia política de las decisiones que ahora mismo están en curso. Ojalá que este procedimiento oscuro no sea un mal augurio de lo que vendrá en 2018.
Investigador del CIDE
