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Anegada entre protagonismos y declaraciones airadas, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción no pasó en el periodo legislativo ordinario y se volvió un nudo para convocar un extraordinario. Lo que pudo haber sido un éxito se convirtió en un conflicto que ha generado mucho, muchísimo ruido. Tanto, que ni siquiera está claro cuál es el verdadero motivo de la discordia.
No sería razonable el celo de los partidos por la autoría del sistema, pues a estas alturas esa actitud frisaría en el más elemental machismo político (“mía o de nadie”). Tampoco es razonable que se culpe de esta demora al experimento del parlamento abierto, pues las organizaciones que han participado en este ejercicio han estado dispuestas a hablar con todos los partidos que les han abierto las puertas, sin variar un ápice sus posturas originales.
¿Por qué entonces todo este ruido? Más allá del gusto por el escándalo, creo distinguir dos razones posibles: de un lado, el hecho de que faltan dos iniciativas de siete. El sistema anticorrupción no resultaría eficaz si no se completa con la materia penal: nuevos tipos penales de corrupción y una fiscalía especializada para enfrentarlos. Sin estridencias, completar esa lista no es una tarea de titanes. Si quisieran, los legisladores podrían terminarla en cuestión de horas.
La segunda razón aparente tampoco es imposible de resolver. Me refiero a las declaraciones conocidas como la 3de3. De entrada, ninguno de los papeles que se han puesto sobre la mesa niega que esas declaraciones se presenten completas y que sean objeto de seguimiento legal. Nadie está en contra de eso. La diferencia está en la información que habría de publicarse, en un solo punto: en publicar de manera obligada, o no, el monto original de los bienes adquiridos por servidores públicos.
La iniciativa ciudadana suscrita por 634 mil ciudadanos dice que sería obligación de los servidores públicos (Artículo 10, Fracción XIV): “Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos en los términos establecidos por las leyes. Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia”. (El subrayado es mío). A esta idea se han sumado senadores del PAN y del PRD.
Por su parte, el documento preparado por los senadores Raúl Cervantes y Pablo Escudero, del PRI y del Verde, propone en su Artículo 29, Fracción I, que: “La versión pública de la declaración patrimonial contendrá los siguientes campos (…): a) Datos generales del declarante; b) Monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña; c) Declarar si percibe otros ingresos distintos a la prestación del servicio público y su naturaleza; d) Señalar si el monto al que ascienden dichos ingresos es mayor al de los ingresos que percibe como servidor público; e) Listado de bienes muebles e inmuebles de los que es propietario, país, entidad federativa y municipio o demarcación territorial donde se encuentren, y el año en que los adquirió; f) El listado de vehículos de su propiedad; g) El listado de inversiones y cuentas bancarias que posee; h) El listado de créditos bancarios y no bancarios; i) El listado de créditos hipotecarios de los que sea acreditado”.
Y añaden: “Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º. De la Constitución…”.
Si se mira bien, el único punto donde hay una diferencia está en la publicación de los montos de adquisición. Pero esto ha bastado para producir un escándalo que parece no tener salida posible. ¿De verdad no la tiene o más bien se trata de buscar un pretexto para que todo este esfuerzo social y legislativo se caiga a pedazos, en medio del ruido y la ganancia de pescadores?
Investigador del CIDE
