Es un informe de 539 párrafos detallados, bien documentados y, en su mayor parte, devastadores. El gobierno mexicano lo descalificó en su conjunto porque, en su opinión, el país “no vive una crisis de derechos humanos”, porque “la metodología utilizada por la CIDH tuvo un sesgo inicial”, porque “se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas (…) de seis entidades federativas” y, en consecuencia, “no llegó a conclusiones sólidas y fidedignas”.
Dada la crisis de confianza que afrontan los poderes públicos del país, no podía haber una respuesta mejor para otorgarle credibilidad plena al informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México. De modo que cuesta mucho desentrañar qué fue lo que molestó más a las autoridades de Gobernación, Relaciones Exteriores y PGR. Si fue el diagnóstico frío poblado de datos, o los testimonios de las víctimas y de las organizaciones sociales, o el enfrentamiento previo con los expertos de la CIDH sobre las versiones de lo sucedido en Ayotzinapa o, peor aún, el hecho de que se haya revelado la profundidad de la guerra sorda que estamos viviendo y se hayan puesto en jaque las acciones que el gobierno está considerando válidas para ganarla. No lo sé.
Lo único que sabemos a ciencia cierta es que no sabemos lo suficiente. ¿El enfado del gobierno obedece a la denuncia de su impericia para contener la violencia? ¿Se agravia porque la CIDH no reconoce que está haciendo su mejor esfuerzo posible, a pesar de los resultados precarios? ¿O se duele del riesgo de tener que frenar, por efecto de la presión internacional, una estrategia que supone indispensable? No es lo mismo negar el informe por sentirse ofendidos, que por considerarse menospreciados, que por saberse descubiertos. No es lo mismo decir: “Estoy haciéndolo bien y no me lo reconoces, aunque avance muy poco”, que decir: “No puedo reconocer lo que estoy haciendo, aunque lo esté haciendo a conciencia”. ¿Cuál es la verdadera razón del choque entre el gobierno y la CIDH?
Cito algunas líneas del polémico informe para explicarme mejor. Dice la CIDH que: “Según cifras oficiales, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102 mil 696 homicidios en el país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151 mil 233 hasta agosto de 2015”. Y añade: “Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales. Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en las que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.
En los casos emblemáticos reportados por la prensa, en particular, “…con el paso del tiempo y la investigación, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las Fuerzas Armadas, a la alteración de la escena del crimen a fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e irregularidades en las investigaciones”. Y concluye: “Para la Comisión, la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada Guerra Sucia y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día”.
¿Son líneas como éstas las que agraviaron tanto al gobierno de México? ¿La revelación pública de una guerra sorda que requiere de impunidad para poderse ganar? Ojalá me equivoque, pero no habrá manera de saberlo mientras la verdad no fluya completa, mientras no la aceptemos y mientras sigamos negando lo que vivimos todos los días.
Investigador del CIDE
