Si prosperaran las resistencias que todavía hay en buena parte de nuestra clase política para lograr que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) esté a la altura de las expectativas, será inevitable no leerlas como la traición a una promesa largamente anunciada, mientras que el mensaje emanado de un desacuerdo de esa magnitud podría convertirse en pasto seco para el final de este sexenio. No juego a Casandra: es obvio que si no se consigue un cambio creíble y de fondo en materia de combate a la corrupción, la indignación social podría arder como fuego.
Sin embargo, esta obviedad no parece estar en la conciencia de algunos de los operadores políticos centrales del país. Aun suponiendo que estuvieran actuando con responsabilidad y que su principal objetivo fuera conjurar el riesgo de un diseño que ponga en jaque las capacidades del Estado para impartir justicia, no sería sensato que simplemente le dieran carpetazo a las iniciativas que han surgido de la sociedad civil y de la academia, sin una deliberación pública y sin más argumentos que el poder aritmético de su representación en las cámaras.
Una vez puestas sobre la mesa iniciativas como la llamada Ley 3de3 —cuyos promotores principales han conseguido reunir más de 120 mil firmas para apoyarla, tal como lo informó Juan Pardinas, Director General del Imco—, y una vez entregados al Senado los documentos que han sido escritos y consensados por un amplísimo grupo de organizaciones sociales y académicas sobre la forma en que ese sistema podría funcionar, los legisladores no pueden aducir que no las conocen o que no merecen siquiera una mirada. La locomotora de los poderes públicos no puede seguir corriendo como si no hubiera más rieles que las negociaciones gestadas entre sus recintos. Y mucho menos en temas como este.
Por otra parte, sorprende que los partidos se nieguen a darle un espacio relevante al Comité de Participación Ciudadana que la Constitución ya prevé en el SNA. La propuesta de las organizaciones sociales no es ninguna locura. Cito: “Los integrantes del Comité de Participación —dicen esas organizaciones— serán seleccionados a través de un grupo formado por diez mexicanos nombrados por los titulares de los seis órganos que integran el Comité Coordinador del sistema. El Comité de Selección definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los cinco integrantes del Comité”. Por otra parte, “para evitar que (esa participación) se convierta en un mero espacio de legitimación de decisiones tomadas de antemano por las autoridades, se propone que el Comité de Participación Ciudadana, ‘la Séptima Silla’, presida invariablemente la mesa rectora del sistema”, tomando en cuenta, además, que “las otras seis (…) cumplen funciones previamente asignadas, a diferencia del Comité de Participación Ciudadana que está diseñado específicamente para el SNA”.
¿Cómo podrían argüir, de modo convincente, que la así llamada Ley 3de3 carece de méritos para fijar las bases de una nueva forma de abordar el Derecho Administrativo en México? ¿Con qué argumentos podrían pasar por alto la participación de los ciudadanos en el control democrático de la autoridad? Si se resisten a deliberar públicamente sobre las propuestas formuladas por un amplio grupo de especialistas y apoyadas por decenas de miles de ciudadanos, ¿cómo podrían justificar después un resultado cuya calidad de contenidos esté por debajo de esas exigencias?
Es urgente que la clase política abra las puertas para reconciliarse con la sociedad. Y con mayor razón, cuando lo que está en juego es la autoridad moral del Estado y su propia legitimidad para tomar decisiones. Las organizaciones reunidas en estos temas están actuando de buena fe. Si a cambio reciben el desdén y el desaire de los poderosos, el golpe no será para ellas: la clase política se habrá disparado en los pies.
Investigador del CIDE
