1.— Promulgada el 29 de enero, la reforma constitucional de la Ciudad de México tiene algo en común con la que hizo nacer al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): ambas abrieron puertas que habían permanecido tercamente clausuradas, aunque todavía sea imposible asegurar lo que encontraremos al pasar por ellas. Quizás habrá un nuevo horizonte democrático, libertario, eficiente y justo o quizás el espejo intacto de nuestros peores vicios. La respuesta estará en la nueva Constitución Política de la CDMX —del mismo modo en que el contenido real del SNA estará en las leyes generales que todavía están por aprobarse.
2.— De momento, las instituciones públicas y los partidos parecen más interesados en las disputas habituales que en la reflexión del fondo sobre lo que podría ser una Constitución ideal para la CDMX. La controversia se ha centrado en la fórmula diseñada para integrar la Asamblea Constituyente de la capital: sesenta diputados electos y cuarenta designados. Morena, en particular, se duele de que le hayan quitado la oportunidad de controlar esa asamblea. Y muchos otros se sienten agraviados porque habrá catorce senadores y catorce diputados federales designados, además de seis personas nombradas por el Presidente y otras seis por el jefe de Gobierno. Una fórmula para construir una Constitución de compromisos, pues sus acuerdos solo serán válidos “con la votación de dos terceras partes del total de sus integrantes”.
3.— Habrá lugar para elegir independientes, pero lo tendrán difícil. Ya he dicho que cuarenta sitios quedan reservados. Y de los sesenta restantes, los independientes tendrán que competir —si es que se animan— en una lista de hasta sesenta candidatos titulares registrados por el INE según su orden de aparición, apoyados de manera individual por al menos el 1% de la lista nominal de electores del DF: casi 68 mil personas por candidatura. Si se quisiera completar la lista, la multiplicación rebasaría los 4 millones de personas. Así pues, es previsible que la contienda será entre los partidos y que el Constituyente será el producto de una negociación. Pero nadie debería escandalizarse: así se han hecho todas las constituciones.
4.— Sin embargo, llama la atención que no haya requisitos ni perfiles exigibles para los cuarenta designados. A la letra de la reforma promulgada, los senadores y los diputados federales podrán nombrar a los veintiocho colegas que aprueben las dos terceras partes de sus cámaras, mientras que el Presidente y el jefe de Gobierno, a los doce restantes que les venga en gana. Espero que actúen con tacto y busquen gente experta y respetable, pues en esas designaciones se jugará buena parte de la legitimidad de la Constitución.
5.— En cuanto al fondo, la buena noticia es que hay sobradas oportunidades para hacer un buen trabajo. Creo que la más relevante está en evitar el riesgo de reproducir el caos municipal que está viviendo el resto del país. Oponerse con firmeza a que el diseño de los nuevos concejales reproduzca los vicios de los viejos regidores. Nada de puestos para repartir, con poderes propios ejercidos de espaldas a los ciudadanos. Por fortuna, la reforma dice que “la administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los alcaldes”, mientras que los concejales “estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del gasto público”. Esa división de tareas debe potenciarse en la Constitución con criterios diáfanos de rendición de cuentas. Las otras, están en la construcción posible de normas para el control democrático de las autoridades, para la defensa de los derechos humanos y para garantizar la igualdad social en serio. Como nada se ha escrito todavía, tenemos derecho a soñar que tras cruzar por el umbral, el paisaje será el Siglo XXI.
Investigador del CIDE
