No le faltaban motivos al gobierno de Moreno Valle para negarle, al abogado Rodrigo Díez, el acceso pleno al contrato del “fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número F/0144” que sintetiza una de las formas más directas y enojosas de privatizar los recursos públicos de una entidad federativa. En una nuez: ese fideicomiso obliga a la Secretaría de Finanzas de ese estado a afectar la totalidad del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de Puebla (impuesto sobre nómina), para que estos dineros sean administrados por la empresa Evercore, Casa de Bolsa, como fiduciaria.
Así de simple: un contrato suscrito en el año 2012 por el secretario de Finanzas bastó para que un enorme caudal de dinero público, derivado de un impuesto, sea administrado como cosa privada. A la luz de la evidencia, publicada hasta ahora —en Animal Político, en Reforma y EL UNIVERSAL—, ese contrato no pasó por la autorización expresa del Congreso y sus cláusulas no sólo contravienen las restricciones establecidas en la ley para adquirir deuda pública en las entidades, sino que ignoran los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto la validez de las operaciones que afectan los ingresos públicos. Un buen acuerdo para Evercore, la empresa que desde aquel año ha suplido buena parte de las obligaciones de la administración pública local, pagando directamente adquisiciones y proyectos ordenados por el gobierno estatal de Puebla, al margen de la normatividad explícita que rige la gestión de los dineros públicos.
Parece increíble. Pero de conformidad con las cláusulas de ese contrato, los impuestos que pagan los poblanos sobre nómina habrían ido directamente a ese fideicomiso. Y desde él, se habrían pagado los proyectos y las compras que el gobierno estatal habría decidido sufragar —con el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y de mantenimiento para el fiduciario. Dado que las reglas de ese acuerdo pertenecen al ámbito de la gestión privada, esos proyectos habrían quedado a salvo del escrutinio público. De paso, el fideicomiso estaría violando también las normas destinadas a controlar la deuda pública de los estados.
Con tanta valentía como pundonor, Enrique Cárdenas, uno de los más brillantes historiadores económicos de México, director general del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y vecino de aquella entidad, ha decidido encabezar un amparo en contra de la vigencia de ese contrato lamentable. No sólo le respaldan los valores más elementales de la ética pública sino, seguramente, le asiste la razón jurídica. Pero me preocupa con sinceridad que su entereza se enfrente al muro del poder político y de la ambición de quienes concibieron y manejan ese despropósito. Me preocupa que la vía jurídica elegida por el doctor Cárdenas para impedir que ese negocio político y financiero siga prosperando, encuentre una respuesta prepotente.
El CEEY ha albergado las deliberaciones más recientes de un amplio grupo de organizaciones y personas en torno de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Y el proyecto de iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ha sido convocado bajo la denominación de Ley 3de3, fue redactado bajo su coordinación. No es un político en busca de venganza o posiciones, sino un ciudadano honesto y comprometido con la rendición de cuentas. Frente al amparo que ha interpuesto, el gobierno de Puebla no debería optar sino por abrir toda la información derivada del fideicomiso F/0144, dar cuenta pública y pormenorizada de la forma en que ha utilizado esos dineros y, por supuesto, cancelar la vigencia de un contrato que ofende desde su preámbulo.
Investigador del CIDE
