En una nota publicada el 11 de febrero por Reforma, leo que la Cámara de Diputados empleó entre septiembre y diciembre de 2015, solamente para gastos administrativos y pagar bonos, 473.3 millones de pesos. La nota dice que poco más de 175 millones fueron añadidos durante el periodo para remodelación de oficinas y otros pagos. Por mi parte, observo con preocupación que en la página electrónica de ese órgano legislativo sigue siendo imposible verificar con detalle los gastos efectuados por cada grupo parlamentario.
Para contrastar la importancia de esos datos pongo un ejemplo: la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México, es una de las instituciones de investigación superior e investigación científica de más alta calidad y reputación académica en el país. Su claustro, formado por apenas 47 investigadores, publica cada año ocho decenas de artículos y libros que ocupan, por méritos propios, un lugar muy destacado en la producción de conocimiento científico y, además, sostiene varios programas de maestría y doctorado reconocidos por la excelencia de sus egresados.
No obstante, a Flacso México —como se le conoce en la comunidad científica— se le ha venido negando desde hace años un modesto incremento a su presupuesto en aras de otras prioridades nacionales. En 2015 recibió una contribución anual del erario público de apenas 105.7 millones de pesos. Esta cifra es exactamente igual a la que recibió en el año 2014, a pesar de la inflación. Y ni siquiera sumando las aportaciones que Flacso ha recibido durante los últimos cuatro años (464.1 millones en total) se alcanza la cifra gastada en cuatro meses por los diputados, para sufragar las cuestiones administrativas.
He aquí la lógica de las prioridades nacionales: quienes tienen en las manos la grave responsabilidad de aprobar los gastos públicos, han sido incapaces de poner su propia casa en orden —con autoridad y decisión— para cancelar en definitiva los excesos y abrirse al escrutinio público. No se trata de cualquier institución, sino de la única que representa formalmente la soberanía de la nación: la voluntad general de México. En este sentido, es incluso más relevante que la Presidencia y debería ser ejemplar.
Ni remotamente se me ocurriría que Flacso México —el ejemplo que he tomado— debería tener más presupuesto que la Cámara de Diputados. Y de hecho, me resultan odiosas las comparaciones habituales, según las cuales si le quitáramos el dinero a los políticos podríamos hacer más escuelas y hospitales. Ese argumento siempre me ha parecido demagógico. Pero hay límites: ahogar la vida de una institución académica que ha probado con creces sus aportaciones al país bajo el argumento de que no hay dinero, mientras los diputados dilapidan en 120 días el equivalente a cuatro años de producción científica, es cosa que me duele.
Pero lo más triste es que sigamos siendo incapaces de saber por qué se gastan tanto y cómo lo justifican. En el ejemplo que he tomado, cualquier persona puede abrir la página de Flacso México y contar los programas de investigación y de docencia que están vigentes, revisar la producción científica y sacar sus propias conclusiones. Puede calcular cuánto cuesta cada alumno y cada artículo y hasta revisar la productividad y la calidad per cápita de los investigadores. En la Cámara de Diputados, no.
Farol de la calle, en la casa donde se están haciendo las leyes que habrán de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas —eso espero—, los datos no están actualizados ni desagregados y nadie sabe, a ciencia cierta, en qué se usan los dineros públicos. Navegar por sus páginas electrónicas es entrar a un galimatías donde lo único que no fluye es, precisamente, la información. Y añado, por aquello de las suspicacias, que no trabajo en Flacso.
Investigador del CIDE
