Es probable que el nombre no refleje con total fidelidad su contenido, pues la iniciativa ciudadana preparada bajo la denominación de 3de3 (www.3de3.mx) por un grupo de veintiséis especialistas en Derecho Constitucional y Administrativo, en Ciencia Política y en Administración Pública, es en realidad un proyecto acabado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, de aprobarse, transformaría radicalmente el muy deficiente régimen disciplinario mexicano.
El nombre 3de3 proviene de la petición que Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) hicieron a los candidatos que compitieron en las elecciones del año pasado, así como a todos los gobernantes y representantes del país, para presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses —petición que por cierto, sólo ha atendido un puñado de funcionarios y políticos—; pero el proyecto de ley que ahora mismo está reuniendo firmas para presentarse como iniciativa ciudadana ante el Congreso es mucho más que eso.
Se trata de una propuesta concreta para regular, en una de sus piezas legislativas principales, la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Que este sistema funcione (o no) para combatir las causas de la corrupción que agobia al país, depende en principio del contenido de las dos leyes generales que habrán de establecer, de un lado, el régimen de responsabilidades y, de otro, la organización operativa del sistema. Luego vendrán otros desafíos de integración e implementación de las instituciones que le darán vida. Pero si de entrada esas dos leyes generales resultan un fiasco o una simulación, el resto del camino será inútil.
De aquí la importancia de pugnar por que haya una reforma de fondo al muy frágil y confuso régimen de responsabilidades que hoy está vigente y que, en la práctica, ha sido una de las causas centrales de la impunidad. Ya desde el año pasado, la Red por la Rendición de Cuentas había publicado un Manifiesto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción en el que alertaba sobre la importancia de la legislación secundaria por venir y sobre los mínimos exigibles en su contenido. Y durante seis meses de trabajo compartido, académicos y especialistas de Transparencia Mexicana, del Imco, de Causa en Común, de la UNAM, del ITAM, del Tecnológico de Monterrey, de la Barra Mexicana de Abogados, de la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales, del CEEY y del CIDE, trabajamos en un proyecto puntual que quiere modificar en serio ese régimen de responsabilidades.
La iniciativa 3de3 propone una nueva forma de abordar y sancionar las faltas administrativas derivadas de la corrupción, asumiéndola como un fenómeno que ocurre en redes de funcionarios y particulares, que daña el patrimonio del país y que produce evidencia que no sólo debe ser investigada a fondo, sino vinculada con las obligaciones que las personas dotadas de poder público han desviado o traicionado para obtener un provecho abusivo e ilegítimo de su labor. La iniciativa ofrece una nueva concepción del Derecho disciplinario para México y quiere eliminar las justificaciones legaloides que han protegido por años los abusos cometidos.
Tras el minucioso trabajo técnico que está recogido en esa iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe venir ahora el mayor respaldo posible de la sociedad. Por eso es importante abrir la página www.3de3.mx y agregar voluntades explícitas para hacer prosperar ese proyecto. Las organizaciones que han decidido presentarla no son partidos, ni tienen clientelas políticas prefabricadas. Son organizaciones académicas y de ciudadanos activos que de veras quieren combatir la corrupción. Así que si usted está leyendo este artículo, añada por favor su firma. No lo dude: valdrá la pena.
Investigador del CIDE
