No todos son corruptos, ineficientes o ineptos. Por el contrario, la gran mayoría trabaja de manera honesta y competente. Y una proporción muy alta dedica mucho más de cuarenta horas semanales a sus tareas oficiales. Con frecuencia he sido testigo de vocaciones admirables: hombres y mujeres que literalmente entregan su vida al servicio público, sin cometer ningún abuso y con el único afán de cumplir hasta el límite de sus capacidades.
Ellos también se duelen de la corrupción que no sólo entorpece sus tareas sino que daña su imagen y, con frecuencia, su autoestima y sus vidas personales. Pero carecen del poder suficiente para corregir las deficiencias que lastiman a las instituciones donde sirven. Los buenos funcionarios no son una rara avis. Son decenas de miles de personas que han encontrado en la administración pública de México una vía de realización profesional y un lugar digno para estar entre las clases medias del país. Representan el mayor capital con el que cuentan los gobiernos y son, al mismo tiempo, la mejor garantía del funcionamiento cotidiano de las cosas públicas.
No obstante, entre ellos y las élites burocráticas de México median los mismos abismos que separan a las clases sociales del país. No sólo por las ofensivas diferencias salariales que los distancian de las altas jerarquías del gobierno (por encima de cualquier otro país de la OCDE), sino porque las prácticas burocráticas los someten —salvo muy contadas excepciones— a una suerte de obediencia ciega y muda de la que depende su sobrevivencia laboral. Para la mayoría, ser escuchados por sus jefes constituye un éxito digno de mención y ser reconocidos por sus contribuciones personales a la organización, un episodio excéntrico.
Por supuesto que hay una causa cultural que explica estas anomalías. La burocracia mexicana ha desarrollado patrones de relación humana presidencialista, basados en la rigidez de una pirámide que se origina en Los Pinos y baja en línea recta hasta el último de los empleados. Pero hay otras razones menos evasivas: la apropiación de los puestos públicos por los dueños del poder político en turno es, con mucho, la principal de ellas. La élite burocrática de México habla de “su gente” como si se tratara de su propiedad. Y en efecto, para llegar a ocupar un puesto público la vía más corta es “pertenecer” antes a un equipo u obtener la recomendación de alguien. México está lejos de haber quebrado el sistema de botín para designar los puestos públicos.
Tampoco hay mandatos claros para las oficinas públicas. Casi todo depende del presupuesto autorizado y de los humores políticos del día. De modo que calificar los buenos desempeños no depende tanto del esfuerzo realizado por los servidores públicos para obtener los resultados esperados, cuanto de la opinión que emitan los titulares de sus oficinas. En ausencia de evaluaciones transparentes y objetivas sobre el cumplimiento del mandato, capaces de protegerlos de la discrecionalidad política, la alternativa “racional” para esos funcionarios es permanecer cerca de la simpatía de sus autoridades. Y si, en mala hora, éstas se corrompen y abusan de su posición, la única opción para los subordinados es guardar un silencio tan indignante como doloroso, a riesgo de perder el trabajo y enfrentar la hostilidad del régimen.
México tiene un enorme capital humano entre los buenos funcionarios públicos, pero anestesiado —igual que tantas otras virtudes hundidas del país— por la corrupción rampante y la falta de medios para hacerle frente. Para esos buenos funcionarios, el combate a la corrupción equivaldría a un acto de liberación humana. Cuando cobren conciencia plena de lo que eso podría significar para sus vidas, serán los principales aliados de esta batalla civilizatoria.
Investigador del CIDE
