El informe de los expertos independientes sobre el caso de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, las interrogantes e inquietudes de la sociedad, la identificación de los restos de otro estudiante así como la nueva detención de un criminal hecha por la Policía Federal esta semana y las opiniones encontradas de los peritos argentinos, parecieran ser más que suficientes para que la autoridad federal inicie un tercer peritaje en donde se aborden de fondo todas las inquietudes surgidas tras su Informe y tanto las familias de las víctimas como los ciudadanos conozcamos la verdad verdadera de la noche en Iguala.
La investigación del grupo de expertos de la CIDH es sin duda un documento valioso porque además de exponer ante los ojos del mundo, los vicios del actual sistema de justicia, nos ayuda a socializarlo como un problema que para transformarse, necesita de una cirugía mayor y de la amplia participación ciudadana para que logre una mejor respuesta a las víctimas.
Sin embargo para que esto ocurra es necesario que tanto la investigación ministerial como el mismo Informe de la CIDH sean completados y sirvan para ofrecernos verdades jurídicamente sólidas, que generen confianza en los ciudadanos, que tengan consecuencias y que nos garanticen que el Estado hará su mayor esfuerzo para que esto no vuelva a repetirse nunca más.
En el ánimo social por ejemplo, todos los días los ciudadanos delinean una nueva hipótesis de lo acontecido. Hay quien escribe cuestionando el Informe de los expertos y sus peritos y hay quienes, incluso, lo aplauden como una forma de poner al Gobierno Federal contra la pared, sin embargo en ninguno de los dos casos se abraza a las víctimas cuando debería ser lo más importante.
Por ello el tercer peritaje tendrá que lograr la participación de las víctimas y hacer suya la inteligencia colectiva que indica líneas de investigación poco exploradas. Por ejemplo, si el quinto camión sugiere una afrenta al crimen organizado por el robo de “algo” quiere decir que es necesario investigar si existen nexos criminales con las líneas de autobuses o si, en todo caso, son víctimas de extorsión.
De la misma forma los nexos políticos del matrimonio Abarca en Guerrero están casi en la oscuridad absoluta de todas las investigaciones, al igual que la investigación al ex gobernador Ángel Aguirre. Nada se dice tampoco de la participación de “guardias blancas” disfrazados de policías municipales que la autoridad en su momento confirmó.
Las cientos de fojas de la investigación y los Informes independientes guardan celosamente el secreto de que en Guerrero la delincuencia sigue operando impunemente. Salvo el cambio de estafeta en la pasada elección, ¿algo ha cambiado en este estado? Me parece que muy poco. En términos de cifras delictivas, hasta el 31 de julio del presente, el SNSP registra mil 122 homicidios dolosos contra los mil 514 perpetrados en todo el 2014.
Bajo este panorama delictivo, en Guerrero y en otras entidades, la única constante que observamos es el dolor de cientos de familias que no encuentran ni paz interior ni, mucho menos, justicia y eso es algo que los ciudadanos ya no podemos permitir.
Tenemos que exigir respuestas a las autoridades. Pasar de la indignación a la acción ciudadana para transformar de una vez por todas, nuestro sistema de justicia. Ojalá el presidente Peña logre motivar confianza a los familiares de los muchachos. Hay mucho dolor por resarcir en nuestro México y especialmente hace falta transmitir una esperanza de futuro basada en su promesa de la estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en México.
Presidenta de Causa en Común
@MaElenaMorera
