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La crisis de inseguridad que vivimos no parece tener fin. Pero sí tuvo un inicio claro. Basta recordar que el presente gobierno heredó índices delictivos a la baja después de la tormenta que fueron los años previos. De hecho, el gobierno federal tuvo la oportunidad de continuar el crecimiento de la Policía Federal, de supervisar el fortalecimiento de las policías estatales y de poner en marcha un amplio programa de prevención, que permitieran mantener esta tendencia a la baja y consolidar el desarrollo de nuestras corporaciones de policía. No fue así.
A poco más de un año de concluir el sexenio, y contra lo prometido, tenemos un país más violento. Mucho más. Mes con mes, se rompen récords históricos de asesinatos. El último, junio, acabó con 2 mil 234, la cifra mensual más alta desde que existen registros. También van al alza otros delitos de alto impacto, como el secuestro, la extorsión o el robo con violencia. Por ello, no sorprende que, según el Inegi, tres cuartas partes de los mexicanos se sientan inseguros.
¿Por qué? Entre otras razones porque, desde un inicio, fue patente que el gobierno no tenía una verdadera estrategia de seguridad y que más bien la consideraba un tema político que podría solucionarse con esa ambigüedad que denominaron “coordinación”. No más elementos de policía, no mejores salarios, no más capacitación, no más equipamiento, no más infraestructura. No. Concentrando las funciones de seguridad en la Secretaría de Gobernación, realizando muchas reuniones de “coordinación” y reduciendo el enfrentamiento con los grupos criminales, íbamos a tener un país tranquilo y en paz.
Como era de esperar, las cosas se estropearon hace un par de años y, entonces, la “estrategia” consistió en difundir pretextos. Primero, la negación: los números no marcaban una tendencia. Posteriormente, los cambios de gobierno en algunos estados. Luego, la ausencia de compromiso de los gobernadores. Últimamente, el Nuevo Sistema de Justicia Penal. El caso es que ya se acabaron las excusas y el país se encuentra enfrentando una gravísima crisis de inseguridad.
Los últimos cinco años no fueron suficientes para que el gobierno federal y, específicamente, la Secretaría de Gobernación recapacitaran y emprendieran el fortalecimiento de nuestras instituciones. En la Policía Federal se enredaron con una Gendarmería que terminó en una división más de la corporación sin que el estado de fuerza total se haya incrementado. La red de interconexión y acopio de información, Plataforma México, está prácticamente abandonada, al igual que muchos otros proyectos de desarrollo policial. Como en muchas otras áreas de la administración, corrieron a personal con experiencia y nombraron a sus cuates. El gobierno, como agencia de colocación y no como función de Estado.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también dependiente de Gobernación y encargado de los lineamientos de desarrollo policial en los estados, no ha podido ejercer su función porque de nada sirve contar con estudios, diagnósticos y cifras, si las directivas de la Segob son navegar políticamente el vendaval, endilgarle el bulto al Presidente, y lanzar culpas a diestra y siniestra.
A este gobierno se le desbarata el país en las manos. ¿Y de verdad los encargados del tema nunca entendieron? Parecería más bien que hubo otras prioridades como, por ejemplo, hacer negocios y lograr una candidatura presidencial. Y, si a ese cinismo se le añade la ineptitud, el colapso de nuestras policías y los índices delictivos que hoy sufrimos difícilmente resultan una sorpresa para nadie.
Gobernación jugó con fuego y fuego tenemos. De ese tamaño es su responsabilidad.
