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En 1804, Napoleón mandó a fusilar a Luis Antonio Enrique Borbón, duque de Enghien, después de culparlo por ser parte de un complot para asesinarlo, lo que provocó gran indignación en ciertos círculos europeos. En ese contexto, se atribuye, tanto a Joseph Fouché, jefe de la policía, como a Charles-Maurice de Talleyrand, ministro de Asuntos Exteriores, la frase “ha sido peor que un crimen, ha sido un error”.
Hoy, la sociedad mexicana está indignada por las prácticas de espionaje que salieron a la luz a través de una investigación que publicó el periódico The New York Times, y de las cuales son víctimas integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, defensores de derechos humanos y periodistas, lo cual, además de ser un delito, por no contar con la orden de un juez, es un error y una estupidez.
Entre los afectados por este ataque están el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Mexicanos Contra la Corrupción. A la lista se suman los periodistas Carlos Loret, Salvador Camarena y Carmen Aristegui, así como el hijo de la conductora. Los casos documentados de enero de 2015 a julio de 2016 por las organizaciones Artículo 19 capítulo México, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC fueron 76. Hay que agregar otros 12 casos de científicos y activistas, quienes impulsaron el impuesto a las bebidas azucaradas entre julio y agosto de 2016.
Ignoro si me encuentro en esta lista tonta de espiados, porque también he recibido el tipo de mensajes que “infectan” un teléfono. No sé, quizá, a lo mejor…
En todo caso, las agresiones, porque eso son, sólo demostrarían que el actual gobierno no tiene empacho en dilapidar recursos y capacidades, los cuales podrían ser canalizados en lograr mejoras tangibles, por ejemplo, en materia policiaca. Según lo publicado por NYT, el gobierno mexicano ha gastado más de 80 millones de dólares (mil 400 millones de pesos), en programas de espionaje desde 2011, cantidad con la que, en lugar de espiar a activistas, se podría pagar el salario mensual de 138 mil policías, al tipo de cambio actual.
El papel de las organizaciones de la sociedad civil, de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas es denunciar y levantar la voz ante los errores y omisiones del gobierno; por ello condenamos la intromisión en su vida privada y nos solidarizamos con cada uno de ellos.
¿Es el gobierno culpable de esta estupidez? Quizá nunca lo sepamos, pero sería en todo caso el mismo gobierno que ha presidido un desbarajuste mayor en las instituciones de seguridad y sí, sí checa que sea el mismo.
¿Qué nos queda? Exigir que la indagatoria que ya encabeza la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión no se convierta, como la mayoría de las investigaciones sobre los delitos que se comenten en el país, en una farsa burocrática. Y exigir que los esfuerzos del gobierno se enfoquen en perseguir a quienes cometen ilícitos, y no a quienes trabajan por un México mejor.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
