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La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso de Tanhuato confirma lo que hemos venido sosteniendo en Causa en Común en el sentido de que la Policía Federal (PF) está en riesgo por malos manejos administrativos, deficiente capacitación y, de acuerdo a la investigación, también por las “mentiras” y el “olvido” de las funciones.
En su momento pocos creímos que salvo 3 presuntos delincuentes detenidos, todos los demás murieran producto del enfrentamiento. “En Tanhuato no hubo una sola ejecución, todo se trató de un enfrentamiento”, declaró el 27 de mayo de 2015 a EL UNIVERSAL el comisionado de la PF Enrique Galindo. Por ello si 22 de 42 civiles fueron ejecutados como se afirma (que deberá ser confirmado por un juez), será urgente restablecer la confianza en la institución.
La investigación documentó que integrantes de la PF entraron al rancho sigilosamente horas antes de la versión oficial, que al caer un oficial, solicitaron refuerzos sumando una centena de oficiales que incluyó el uso de un helicóptero el cual realizó más de 4 mil detonaciones, que a 13 les dispararon por la espalda, que contaminaron la escena, entre otras irregularidades.
Quisiera entender que en tales condiciones de enfrentamiento, donde la adrenalina invade el cuerpo, la mente y estimula el sentido de sobrevivencia es difícil que cualquiera se mantenga estable y recuerden el Manual del uso diferenciado y progresivo de Fuerza de la Policía Federal (basado en la ONU). Protocolo que en teoría los oficiales deberían tener como un tatuaje en la mente y que a la luz de la investigación me queda duda si los oficiales lo conocían, si se les olvidó o si de plano, recibieron otras ordenes.
Por ejemplo, este Manual nos dice que si un oficial “tiene conocimiento de que otro policía usa la fuerza excesiva, debe hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir u oponerse rigurosamente a tal acto” e incluso “informar de este hecho a sus superiores y, de ser necesario, a cualquier otra autoridad con competencia para investigar”. Es decir, los protocolos del uso de la fuerza sí existen, pero de acuerdo a la investigación, se incumplen y están desactualizados.
A la fecha no hay detenidos ni mucho menos denuncias entre la centena de oficiales participantes. ¿Será qué nadie de ellos quiere hablar? ¿Será que hay “valores entendidos” entre tropas y mandos que les impiden atender su normatividad? ¿Será que sí tienen la investigación de la Oficina de Asuntos Internos y la ocultaron? O ¿Será que esperan ser citados por un juez para dar su versión?
En cualquier caso, tenemos que exigir que se corrija el rumbo. Empecemos por los mandos, ellos tienen que dejar de tapar el sol con un dedo y aceptar sus errores. Deben saber que pretender engañar a la opinión pública tiene efectos perversos porque multiplican los agravios, impiden corregir las fallas y logran perder nuestra confianza.
En el estudio de Causa en Común sobre el Desarrollo Policial 2015 constatamos grandes fortalezas de la PF. Por los medios nos enteramos de cientos de operativos e investigaciones que realizan con éxito. Por ello, es incomprensible que se apueste a la mentira y al olvido como única solución a los acontecimientos de Tanhuato, Apatzingán o Nochtixtlán.
Con esta recomendación, la CNDH no pretende dañar a la institución ni proteger delincuentes sino por el contrario fortalecerla al señalar a servidores públicos que se apartaron de la legalidad, y tratar de evitar que vuelva a suceder.
Responsabilizar a la CNDH, como algunos pretenden, o decir “no importa, que los maten, son delincuentes”, como dicen ciudadanos que están hartos de tanta violencia, debe preocuparnos a todos, ya que entonces estamos aceptando que cualquier ciudadano (inocente o no) pueda ser torturado o ejecutado y también le apostarán al olvido.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMore ra
