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Pese a todos nuestros esfuerzos y a que cada día se denuncian más escándalos de corrupción, los políticos no tienen límite y se las ingenian para hacer legal, lo que al menos parece ilegal “acomodando” las leyes.
Los ciudadanos somos víctimas de autoridades corruptas que deciden a nuestras espaldas en qué se gastan nuestros impuestos. Por eso, algunos ciudadanos promovimos un amparo en contra del fideicomiso F/0144 de Puebla, sentando el precedente para que las autoridades bajo ninguna circunstancia puedan abusar de los recursos públicos y los utilicen como “caja chica”.
En Puebla, durante las próximas décadas y bajo acuerdo con el gobierno de Moreno Valle, la institución financiera Evercore administrará vía un fideicomiso el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) que pagan los trabajadores. Ello implica que una vez que los poblanos pagan el impuesto, a través de la banca autorizada para tales efectos, lo transfieren directamente al fideicomiso y nunca pasa por la Tesorería. Con ese dinero se pagan proyectos a plazos a contratistas y prestadores de servicios.
Es decir, Evercore administrará los recursos del gobierno por concepto del ISERTP. Es como si fuera una hipoteca ciudadana de la que se desconoce el costo-beneficio para los propios ciudadanos. Ya que los conceptos de “los proyectos de inversión” pueden ser desde un proyecto de construcción hasta pago de papelería, es decir un fideicomiso “multiusos”.
Como se observa, el fideicomiso representa un abuso de autoridad, pero sobre todo es inconstitucional porque vulnera los principios de endeudamiento público, y porque quebranta el principio de colaboración de poderes ya que el Congreso no puede intervenir por ser considerado un proyecto de inversión. La administración discrecional del patrimonio del fideicomiso para pagar a contratistas a los que se les asigna discrecionalmente proyectos o para garantizar a los acreedores de éstos, viola los principios de economía, eficiencia y transparencia.
Asimismo su carácter de “irrevocable” implica una indisponibilidad de los recursos públicos, inmovilizándolos de manera indefinida.
Este es un ejemplo de cómo un gobierno valiéndose del uso de la ley, modificándola mañosamente, siendo sigiloso, y reservando información, es capaz de legalizar en la oscuridad el uso y abuso de los recursos públicos. Es un caso flagrante de corrupción, que como estamos investigando se repite en otras entidades.
En respuesta al caso de Puebla, el Congreso de la Unión ha exhortado al gobierno estatal para transparentar la información relativa al fideicomiso y la situación de la deuda. También, la SHCP ha enviado una iniciativa de Ley de Disciplina Financiera, que si bien no soluciona el problema existente y sigue permitiendo que los estados definan qué es deuda, cuando menos comenzará a tapar los huecos para evitar este tipo de prácticas.
En corresponsabilidad, María Amparo Casar, Mauricio Merino y otros ciudadanos nos sumamos con un nuevo amparo al interpuesto contra el gobernador de Puebla por Rodrigo Diez y Enrique Cárdenas. Nos preocupa el futuro hipotecado de las siguientes generaciones, por el abuso de confianza de la autoridad que pretende heredar deuda usando los impuestos a ciertas obras discrecionales, sin que medie consulta ciudadana alguna ni licitación abierta.
Esperamos que en los próximos días más ciudadanos se animen a promover este tipo de amparos, y así demostrar a la autoridad de todos los órdenes de gobierno que no puede operar en el oscurantismo. No sólo estamos hartos, también estamos activos. Las autoridades no pueden usar la ley y los recursos públicos a su antojo, porque los ciudadanos estamos vigilando y exigimos rendición de cuentas. Pongamos alto al ciclo de corrupción, simulación e impunidad en el que vivimos.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
