Mucho debate sigue causando la discusión y aprobación por parte del Congreso de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy, comparto con ustedes cinco reflexiones sobre este tema.
1. La legislación aprobada salió adelante gracias a la participación de la sociedad civil organizada. La Ley 3de3 fue redactada, discutida y presentada ante el Congreso por organizaciones de la sociedad civil, así como por académicos de diversas instituciones. Ese grupo de ciudadanos hizo un llamado a toda la sociedad, que se sumó y reunió más de 630 mil firmas para que el Congreso discutiera esa iniciativa. Este hecho por sí mismo es histórico y nos deja grandes enseñanzas sobre cómo la sociedad civil puede y debe trabajar para incidir en los temas que más interesan a la gente.
2. La Ley 3de3 se vio afectada en un aspecto clave, pero a la sociedad le quedó claro por qué. Sí, la Ley 3de3 fue rebajada en la parte sustancial que implica la publicidad obligatoria de las 3 declaraciones (impuestos, patrimonial y de conflicto de interés). La maniobra pinta de cuerpo entero al PRI-PVEM a la que también se sumó Morena. Sin embargo, la sociedad le dio seguimiento a esta discusión parlamentaria y logró identificar a los autores de esta trampa. La modificación al artículo 29 que tiene que ver con la publicidad y con los formatos de las declaraciones restan la fuerza de la ley en términos de transparencia, aunque no la anulan por completo.
3. Los empresarios participaron y alzaron la voz. Los organismos empresariales, muy destacadamente la Coparmex, apoyaron activamente la Ley 3de3 y al momento de defender la causa no dudaron en alzar la voz. Debo reconocer que me sentí orgullosa de una iniciativa privada expresada en los empresarios que dieron la cara y manifestaron su valiente y firme compromiso contra la corrupción.
Con olor a venganza resultó la modificación que se aprobó en el artículo 32 que obliga a las personas físicas y morales que reciban recursos públicos a presentar sus 3 declaraciones. Como suele suceder en esas modificaciones sorpresivas, no se midieron las consecuencias. La cantidad de declaraciones inundarían el sistema y se perdería cualquiera en el mar de información que implicaría que todos los beneficiarios de cualquier programa —así sea una beca de cien pesos al mes— presentaran sus 3 declaraciones. A lo que hay que adicionar que todo aquél que le venda algo al gobierno —así sean los algodones que se regalan en una fiesta mexicana organizada por alguna autoridad— también debe presentar sus declaraciones. Y ya no hablamos de las consecuencias para nuestro país en términos económicos. Ridículo, verdaderamente ridículo lo que pasó.
4. El veto presidencial es posible y deseable. Tendrá que darse en relación a los dos artículos: el 29 y el 32. Todavía vale la pena presionar para este veto como muchas organizaciones lo piden. Pero más allá de la discusión sobre estos artículos, hay que darle seguimiento al sistema en su conjunto. Un tema medular será el nombramiento del fiscal Anticorrupción, cuyo proceso ha quedado en manos del Senado. La sociedad civil tendrá que permanecer atenta para que se ponga al frente a una mexicana o mexicano con los conocimientos jurídicos necesarios y el compromiso claro para esta delicada misión.
5. El mensaje es que sí es posible pasar de la indignación a la acción. Hay un discurso oficial que nos dice que “la corrupción es cultural”, y por lo tanto irremediable. Hay otro discurso, que nos insiste en que todo el mundo está metido en algo llamado “mafia del poder”, que además es invencible. Ambas ideas debilitan al ciudadano. La historia de la Ley 3de3 nos dice que sí es posible cambiar las cosas participando, construyendo, luchando. De entrada está la primera de muchas victorias ciudadanas que habrá en los próximos años.
