Uno de los reclamos sociales en todo el país, que es fuerte y claro, es la incertidumbre y el miedo a que hoy nos pase algo malo: como un accidente o negligencia médica; que alguien abuse de nuestros derechos o los de nuestros hijos; que tengamos que pelear jurídicamente por nuestra libertad; que el sistema de justicia simplemente nos aplaste con su corrupción, su negligencia y su indiferencia. Los mexicanos vemos surgir en redes sociales expresiones públicas de abuso, de prepotencia, de falta de valores, de cinismo y a veces hasta de maldad, sin que haya una autoridad capaz de hacer valer la ley y poner orden para que la conducta reciba sanción.
Por eso, es positivo que el Ejecutivo federal haya enviado al Congreso la semana pasada una serie de iniciativas de reforma constitucional y a la legislación para hacer de la justicia cotidiana una realidad. En México, la justicia es lejana, costosa e inaccesible, es decir, es un país injusto. Esa es la conclusión del documento que el 27 de abril de 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) entregó al Ejecutivo federal, como resultado de los foros de justicia cotidiana.
Estas propuestas están ahora en manos del Poder Legislativo, y entre todos los temas de las doce iniciativas enviadas al Congreso, se contempla el de la justicia efectiva. Las propuestas buscan que las autoridades privilegien la resolución de fondo de los conflictos, evitando que los formalismos o tecnicismos legales retrasen o nieguen la justicia a los mexicanos. Y es que ese es el sentir de los mexicanos cuando se enteran de que presuntos culpables de delitos graves y ofensivos para la sociedad, como secuestro o abuso de menores, son liberados porque el juez, en lugar de ejercer una función jurisdiccional, jugó el papel de verificador.
En el contexto de la reforma al sistema de justicia penal, que deberá entrar plenamente en vigor este año, y que tiene como base las reformas constitucionales de 2008, es necesario explicar a la sociedad cuáles son los cambios que este sistema trae al país. La falta de autonomía, de experiencia, la incapacidad, la negligencia, la corrupción, en fin, todos los problemas que aún aquejan a nuestras procuradurías explican que vayan muy rezagadas respecto a las necesidades reales de un sistema de justicia que exige policías de investigación mejores, capaces de reunir evidencia científica y legal, con menor tiempo para mantener a los culpables en la cárcel y a los inocentes en la calle, y no al revés. Es cierto que llevará mucho tiempo, pero en la medida que más nos tardemos, habrá mayor impunidad.
De ahí la enorme importancia que tiene que el Estado mexicano explique a la sociedad cuáles son las ventajas de, prácticamente, un nuevo sistema de justicia, y como lo he dicho en este espacio, cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. En Estados Unidos, donde los ciudadanos tienen entre sus obligaciones servir como jurados en juicios orales y abiertos, la gente logra tener un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema y de los derechos que la ley le otorga. En México, la justicia todavía es lejana, los tribunales son espacios de confusión y corrupción que hay que evitar a toda costa, no se percibe un sistema al servicio de los ciudadanos. De ahí la importancia de cerrar esa brecha entre sociedad y justicia, para que a cada quien le den lo suyo.
Abogada
