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Ver para creer. Oír para comprobar que se puede desbaratar lo que no tiene repuesto: su credibilidad. Asombro entre los que escuchaban atentos. Por propia voz de quienes integran la Junta de Gobierno del INEE, fuimos enterados que la evaluación a la que fueron sometidos los y las profesoras para valorar su desempeño no cumplió cabalmente con los principios que deben ser cimiento de todo proceso de valoración de una tarea tan compleja. Esos rasgos los enunciaron previamente al relato de lo sucedido. Señalaron que debería ser formativa, y no punitiva, pero eso no es responsabilidad nuestra, sino de las autoridades. Tampoco logró ser participativa: compartieron que su propuesta era que, antes de realizar la evaluación, y para hacerla bien, se debería realizar una consulta en cada Consejo Técnico Escolar con dos preguntas: ¿qué consideran los integrantes del magisterio que caracteriza a un buen maestro? ¿Cómo se le puede evaluar? Sin embargo, no se autorizó. ¿Qué? La pregunta era imprescindible: ¿y su autonomía? Si son, por definición constitucional, la autoridad en al país en cuanto a la evaluación del Sistema Educativo y sus actores, ¿cómo que no se les permitió hacer lo que, por elemental cumplimiento de uno de los valores que enuncian, era indispensable? Sin realizar la consulta en los Consejos, como era deseable, aunque se trató de sustituir por una consulta en línea, la evaluación aplicada perdió pertinencia. Con claridad, exponían que había que comprender que la ley establece plazos inamovibles. Era necesario cumplir las normas, así que no hubo de otra que echar a andar el proceso sin la validación necesaria. A marchas forzadas tuvimos que actuar. No había tiempo.
Cientos de investigadores, estudiantes de posgrado y maestros y maestras reunidos en el auditorio más grande del XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrado en la ciudad de Chihuahua, supimos —no por parte de los críticos de la reforma, o los que cuestionan la validez y confiabilidad de los instrumentos, sino de la instancia responsable de asegurar su calidad— que el proceso de evaluación que conducirá a emitir certificados de insuficiente, destacado, idóneo o no apto a profesionales que tienen 6 o 18 años de experiencia, tiene fallas, serias, derivadas de la prisa, la celeridad y un empalme de atribuciones muy enredado entre el INEE, la SEP y la Coordinación del Servicio Profesional Docente. Van a ser calificados y clasificados frente a sus compañeros, las comunidades en las que trabajan, la opinión pública y los inquisidores que claman por sanciones ejemplares. No se pudo lograr que fuera integral, contextualizada, sensible a la diversidad… lo reconocemos, pero es que la SEP tiene apuro, es que los tiempos de la ley, es que era necesario hacerla, es que se va aprendiendo con el tiempo. Es preciso, urgente, un llamado a la prudencia: las consecuencias en miles de personas, tanto simbólicas como en cuanto al futuro sustento de sus familias, no serán menores. Al contrario, para muchos será un trancazo injustificado. ¿Era inevitable la autorización, por parte del INEE, de los criterios y perfiles sin la consulta y validación imprescindibles, y la aprobación de los instrumentos, a sabiendas que en 8 horas es imposible dar cuenta del desempeño como docente, a lo largo de los años, de nadie?
Se ha comentado que antes de tener autonomía, el Instituto era más autónomo. Ojalá no sea así. Es momento oportuno para que el INEE exprese, con la autoridad técnica, el saber experto de sus integrantes y su autonomía constitucional, que dados los límites que reconoce, es necesario detener un sistema de evaluación que producirá graves daños a la educación y a los educadores del país. Es crucial. Contarían con muchos que confían en la autonomía del Instituto. Estamos a tiempo.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
@ManuelGilAnton
mgil@colmex.mx
