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Nosotros no olvidaremos: Ayotzinapa
Sabina, con lucidez, advierte: “No hay nostalgia peor, que añorar lo que nunca jamás sucedió”. Y eso pasa ya, y ocurrirá después, con la reforma educativa, una de las transformaciones de gran calado, la más grande, que anunció en sus albores la administración federal que hoy ostenta el poder. A pesar de la evidencia en contra, insiste en mostrar, todos los días, aturdiendo con las mismas frases, que la ha conseguido. Espejismo y clavo ardiente para una gestión rota por la corrupción, la impunidad y el desacierto.
Porque se fincó en un prejuicio, en la sospecha derivada del desprecio clasista y la ignorancia: las fracturas en la educación proceden, sólo, del magisterio irresponsable. Porque escatimó la complicidad del gobierno, por decenios, con la estructura del control antidemocrático sindical, acusando como “secuestro de las decisiones educativas” lo que fue un contubernio corrupto favorable a ambas partes: lejos de asumir su adeudo con el país por pactos impresentables, postuló como horizonte recuperar la rectoría estatal de la educación. Nunca la perdió o le fue sustraída: la compartió a sabiendas de las prebendas políticas que le aportaba. Trasmutó a sus aliados en enemigos cuando no le fueron rentables, y los volvió compañeros de ruta en cuanto fueron necesarios. Porque propuso, y organizó, como mágica solución al berenjenal en esa esfera crucial de la vida pública, una receta infalible: la evaluación con consecuencias y a rajatabla. Un fetiche. Porque tal valoración del trabajo docente, sin relación con la vida cotidiana en las aulas, absolutamente inadecuada para advertir el valor de la trayectoria durante años, se desnudó como sistema de control: la amenaza de perder el empleo, o quedar clasificado como inepto, se concibió como el resorte para impulsar la calidad. A trabajo precario, cumplimiento. Nada más falso: el miedo, en su caso, implica someterse a un requisito administrativo, pero es incapaz de generar un nuevo proyecto educativo en el país. Porque con altanería decidió profesionalizar —como si fuese posible— desde oficinas burocráticas a más de un millón de personas, dejando fuera a los que, por su saber experto, podrían haber diseñado formas, procederes y periodos en el ejercicio de uno de los oficios más complejos que existen: generar ambientes para el aprendizaje desde las condiciones específicas en que se encuentran. Porque enuncia, simple botón de muestra, en el Modelo Educativo 2016, página 55, que “… a lo largo de su trayectoria laboral, los maestros que acrediten un buen desempeño serán beneficiarios de promociones y reconocimientos que estimulen su desarrollo profesional.” ¿Beneficiarios los profesionales por decreto? Menuda incoherencia. Clara estrategia en la construcción añeja de clientelas. No titulares de derechos, sino sujetos de la generosidad del Ogro Pedagógico. Porque la evaluación es punitiva no sólo por la posible separación del cargo sin responsabilidad alguna por parte de la autoridad, o debido a la imposibilidad de obtener, algún día, seguridad en el empleo luego de mostrar verdadera idoneidad, sino porque clasifica y divide al profesorado: eres insatisfactorio, retírate; por resultar destacado, te damos dinero para tu vivienda. Porque en 2014 finge una consulta, y en 2016 propone, a toda prisa, que los Consejos Técnicos Escolares den su aval a generalidades a través de un formato sesgado. Porque, sin recato, llama error (¿metodológico?) al empleo, en el nuevo Modelo, de párrafos ajenos como propios: seguro se cayeron las comillas en la imprenta, o sostienen que si se traduce lo ajeno, es válido parafrasear sin la correspondiente cita y referencia. Mentira.
¿Reforma Educativa? No. ¿Cambios que afectan la posibilidad de conseguirla? Sí. ¿Autoelogio? Abundará. Nada más: no sucedió. Fin.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
@ManuelGilAnton
mgil@colmex.mx
