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Se acaba, hoy, un año desde esa noche, la más oscura de tantas. Al anotar la fecha en que aparecerán estas palabras en el diario, y usted las haga ser, por un momento, nuestras, caigo en la cuenta de un hecho en apariencia menor: a lo largo de estos meses no hubo modo de celebrar el cumpleaños de los muchachos normalistas. No se pudo. Cada uno, en este lapso, fue ausencia y añoranza el día que en el calendario señala su arribo a la vida. En lugar de canción, silencio: abrazo detenido. A unos les arrebató su día la muerte, trocando a los suyos el aniversario alegre en día de luto hondo. A otros, su desaparición hizo mudar la sonrisa de sus padres, hermanos y amigos por el surco en la cara que producen el ahogo y congoja frente a lo incierto: ¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelves? ¿Andas cerca? No hubo, para ellos, ni lo más duro cuando ocurre lo que tanto duele: una tumba para ir. Nada. Pasaron las horas despacio, con la esperanza entretejida al temor que se resiste, con razón, a dar por hecho lo ignorado.
Al hachazo de la muerte y la tortura previa, salvaje; al barranco interno que produce la desaparición que no deja ver a quien se quiere ver teniendo vista; a estas dos formas de la ignominia no les sirve para nada la deshonesta “verdad histórica” oficial que tuerce lo sucedido, y lo acomoda, para tapar la complicidad por acción y omisión del Estado en el crimen de lesa humanidad que Ayotzinapa nombra y significa. Ese 43 en la memoria ya de todos.
La desaparición forzada consiste en el rapto de una persona por parte de las autoridades que han de procurar el respeto a la vida y la vigencia de un orden civilizado propio del Estado de derecho. Eso, tal cual, sucedió. Sin duda. Actuaron, o sabían lo que pasaba y no cumplieron su deber para evitarlo, representantes de la autoridad municipal, estatal y federal. Cuando se cometían los asesinatos y sustraían a los estudiantes las policías de Iguala y Cocula, los mandos militares de la zona, los agentes federales y los gobernantes estaban al tanto. Hay evidencia incontrovertible al respecto. La versión oficial evitó dar cuenta de la omisión cómplice, lo que la hace, a su vez, cómplice de lo ocurrido al ocultarlo a sabiendas. No tengo los elementos para afirmar si todo esto configura, técnicamente de acuerdo a los juristas, un crimen de Estado, pero sí sostengo que la manera de actuar del Estado, o no hacerlo, a través de las distintas autoridades implicadas en esos días, fue criminal.
Un delito de tal magnitud, que no es ajeno pues lastima a todos los humanos, no ha de prescribir ni puede quedar impune. La justicia no remedia la muerte ni el desasosiego incesante ante la ausencia de un hijo, es cierto; pero la necesitamos para ser un país viable en que la vigencia de los derechos humanos sea patrimonio social incuestionable. Ahora no es así.
De no encarar el gobierno la gravedad de lo que acontece, resulta ineludible preguntar: ¿con qué cara la administración actual declara, a voz en cuello, que la reforma estructural más importante es la educativa, si el propósito central de educar consiste en la construcción del sentido de pertenencia a una sociedad en que el reconocimiento y respeto al otro, y su vida, y a los otros que somos nosotros en la diversidad, es fundamental?
Dicen los que saben algo muy cierto: si en un pueblo se cree que para que llueva hay que danzar, con toda seguridad se logrará si no se deja de danzar hasta que llueva. Del mismo modo, si para que haya justicia hay que insistir, marchar, organizarnos, no olvidar, pensar y, sobre todo, conservar la capacidad de indignación, no hay que dejar de hacerlo hasta que se haga justicia. Para que los muchachos cumplan años y lo celebren, en lugar de que sus padres lleven la cuenta, triste, de tantos meses sin hallarlos. Lloverá.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México
@ManuelGilAnton
mgil@colmex.mx
