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Peña Nieto, al tomar posesión en 2012, apoyado por PRI, PAN y PRD, prometió un sistema anticorrupción, concretado en reforma constitucional —mayo 2015—, quedando pendientes sus leyes secundarias. Los partidos pactantes, gravemente desacreditados, mediante sendas iniciativas se disputan acreditarse como “líderes de la anticorrupción”; extrañamente estos asociados con el poder, no se ponen de acuerdo, pero han hecho del tema un circo declaratorio. A dos años y medio de la salida de Peña, no hay, convenientemente, anticorrupción, mientras México se hunde en la más profunda corrupción.
Los legisladores de Morena —cuyo Presidente, López Obrador, recorre el país promoviendo la anticorrupción como solución indispensable para la regeneración nacional— presentaron iniciativa de reforma constitucional que va al fondo de la cuestión. Conforme a criterios internacionales, el combate anticorrupción tiene por objetivo central controlar al Poder, que en México está concentrado en el Presidente, por lo que cualquier sistema anticorrupción debe considerar sine qua non la imputabilidad indubitable del Presidente en funciones, por delitos y acciones de corrupción; de mantenérsele intocable, como lo hacen las iniciativas del PRI, PAN y PRD, el sistema es simple simulación. La opinión pública sabe que el gobierno/Peña Nieto navega en la corrupción, denunciado a nivel nacional e internacional y, desde la Presidencia, la corrupción penetra instituciones federales, locales y privadas. Se ha convertido la corrupción en un sistema de gobierno y administración abierto, público, en compras gubernamentales, contratismo de la obra pública, sobornos, concesiones...
Se pretende por sumisión atávica que el Presidente es inimputable, falso, desde la Constitución de 1824, podían imputársele delitos de traición contra la independencia nacional o la forma establecida de gobierno, por cohecho o soborno, por actos dirigidos a impedir la realización de las elecciones; en 1857 se incluyeron delitos graves del orden común, violaciones expresas a la Constitución y ataques a la libertad electoral; y desde 1917, “por traición a la patria y por delitos graves del orden común”, que refieren a más de 50 hipótesis legales. Siendo imputable el Presidente durante su mandato, una auténtica lucha contra la corrupción tiene que establecer de manera indubitable su responsabilidad sobre decisiones o acciones de corrupción. Igualmente, si realmente se quiere combatir la corrupción de raíz, es preciso investigar a los ex presidentes que actuaron bajo el modelo neoliberal, cuya reducción del Estado y las privatizaciones generaron enormes corrupciones, reconocidas por análisis de premios Nobel y estudios de Naciones Unidas.
Por todo lo anterior, se presentó Iniciativa de Reforma al Artículo 108 de la Constitución para que: “el Presidente de la República durante el tiempo de su encargo deberá ser acusado de delitos y faltas que constituyan corrupción, por traición a la patria y por delitos graves del orden común”. Se establece, además, “la imprescriptibilidad de los delitos y faltas de corrupción”. En relación a los ex presidentes, señalados como responsables, que actuaron durante el periodo de desenfreno neoliberal corrupto, la reforma al 108 establece constituir “una Comisión de la Verdad” integrada por ciudadanos electos por el pueblo, que investigue y someta a la justicia los actos de corrupción desde Salinas hasta Peña, en cuestiones fundamentales: privatización, liberalización y desincorporación de empresas públicas, contratismo y concesiones, en cuanto a su motivación y efectos de corrupción, y evolución patrimonial de cada Presidente y su familia”. Los encargados de la lucha anticorrupción deben ser electos: contralores, el Auditor Superior. Declaración obligatoria y pública de funcionarios y privados —y familiares de primer grado— que hayan sido beneficiarios de recursos públicos o reciban contratos y autorizaciones de cualquier autoridad. Lo sabemos, la corrupción empieza desde arriba, sólo se combate controlando al de arriba.
Senador de la República
