La conformación del grupo que redactará la Constitución de la Ciudad de México es una bocanada de aire fresco que de alguna forma podría contrarrestar los porcentajes poco representativos que se decretaron desde la Presidencia de la República para la Asamblea Constituyente.
En la lista de redactores de la propuesta, que entregará Miguel Ángel Mancera a quienes integren la Asamblea Constituyente, figuran académicos prestigiados, líderes sociales con legitimidad, políticos de izquierda que conocen bien las dinámicas de la capital y alguno que otro personaje exuberante que afortunadamente es minoría. Lo que es un hecho es que el grupo completo de escribanos son garantía de un perfil progresista que seguramente defenderá las libertades que los ciudadanos capitalinos hemos alcanzado. El reto no está únicamente en impedir que las tentaciones conservadoras le den un toque de doble moral a los principios rectores de las leyes citadinas, sino que frente a la necesidad de defender nuestros derechos y libertades, se negocie la apertura democrática de la ciudad que requiere mecanismos más creativos de participación ciudadana.
Comencemos por las libertades que deben ser irrenunciables: Por un lado, el matrimonio entre personas del mismo sexo resulta sin duda una de las banderas multicolores con las que la ciudad ha probado su respeto a la pluralidad y ha concretado el reconocimiento formal de los derechos humanos, independientemente de las preferencias sexuales. Por otra parte, la despenalización del aborto durante los tres primeros meses de gestación resulta claramente una garantía para las mujeres que deciden sobre su cuerpo y su futuro. Será seguramente sobre estas dos libertades en las que el Partido Revolucionario Institucional de la mano del Partido Acción Nacional intenten pisar el freno y hasta poner el de mano.
Pasemos a las veredas que hay que ensanchar: Escatimar en el fortalecimiento de la democracia sería una calamidad. Los mecanismos de participación política con los que contamos los chilangos, están sumamente concentrados en los partidos políticos y en el propio jefe de gobierno de la ciudad. Aspiremos a que nuestra Constitución establezca criterios más abiertos y competitivos en los que, por ejemplo, la consulta popular o la iniciativa ciudadana no sean procesos dictados por la autoridad y en los que se suelte la cuerda con las que se estrangula a las candidaturas independientes.
Abrir horizontes en materia de transparencia y rendición de cuentas, hacer de la cultura un espacio vivo apoyado por el Estado, pero sostenido por una sociedad libre y creativa que no se amarra a las burocracias enquistadas que se limitan a la administración de egos. Imaginar reglas de desarrollo en donde la sustentabilidad deje de ser palabrería. Si la Constitución de nuestra ciudad no prioriza el medio ambiente, perderemos una enorme oportunidad de replantear las políticas públicas en un contexto de degradación progresivo.
Escribir una Constitución es una magnífica oportunidad para visualizar el desarrollo urbano como el pretexto para la revaloración del espacio público, aniquilando los estímulos de concesiones a privados que no tengan como intención prioritaria el desarrollo comunitario y la inclusión ciudadana.
Detener las intenciones autoritarias que van permeando la ciudad con las prácticas que vemos a nivel federal y en varias entidades federativas. Entender que la seguridad pública y el Estado de derecho se debilitan en la medida en la que sus operadores violan los derechos humanos. Pensar menos en armas y escudos y más en diálogos y acuerdos democráticos. Proteger la libertad de expresión y arropar a los periodistas como un valor intrínseco que la ciudad defiende en aras de robustecer la educación y de garantizar el derecho a la información.
El grupo de redactores tiene en sus manos un proceso que por sí mismo puede hacer la diferencia. Si queremos que la Constitución sea ajena a la ciudadanía, basta con que los principios jurídicos sean sólo propuestas de esta élite honorable y ratificadas o modificadas por el entuerto constituyente. Si en cambio esperamos que el proceso deje a un lado cualquier tentación de conservar el status quo que alimenta la indulgencia ciudadana y que separa “lo público” del interés colectivo, se deben generar procesos efectivos de colaboración en la que los ciudadanos interesados participen. Para la apropiación e identidad que requiere la práctica de una Constitución es indispensable la contribución abierta y colectiva. Confiemos en que este grupo de selectos mexicanos consiga darle un sello efectivo de responsabilidad compartida.
Analista política y activista ciudadana
