Una vez que el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales, GIEI, ha cuestionado a fondo la versión oficial en la que se declaraba que el destino de varios de los normalistas de Ayotzinapa había sido el basurero de Cocula, y después de que ha solicitado insistentemente la necesidad de entrevistar a integrantes del Ejército, la descalificación que se ha hecho de Ángela Buitrago, integrante del GIEI, de haber juzgado injustamente a un coronel colombiano y de enviarlo a la cárcel ocho años, merece revisarse a fondo.
La información de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien tenía asignada una pena de treinta años de prisión por el delito de desaparición forzada, se ha utilizado para restarle legitimidad al grupo de expertos enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con alegatos generalizadores que no sólo desinforman del proceso completo en el que la especialista Buitrago participó, sino que obvian los argumentos que varios jueces consideraron para votar en contra de la absolución de dicho coronel.
Por un lado, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega asegura que fue condenado injustamente por el delito de desaparición forzada, debido a que durante su paso por la fiscalía de Colombia la integrante GIEI actuó con negligencia. Por el otro lado, la absolución de la Corte Suprema colombiana no se dio por unanimidad de los ministros, sino que apenas consiguió mayoría. Sumemos a ello la finísima atención que recibió el coronel para que personalmente le llamara el presidente de la Sala Penal para comunicarle la materialización de su exoneración. Como lo señala Ramiro Bejarano Guzmán en su columna Absolución agridulce, existen tres elementos que hay que considerar en esta exoneración. El primero es que la Corte confirmó que sí hubo desaparecidos; el segundo, que la absolución de Plazas no responde a que se probó su inocencia, sino que se aplicó a su favor porque quedaban dudas presentes; además de que tres de los ocho magistrados consideraron que Plazas es culpable de la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda. La sentencia emitida no impide la continuación de los procesos penales seguidos a miembros de las Fuerzas Militares por el mismo hecho, o de aquellos que la Fiscalía haya iniciado o en el futuro inicie por la operación militar de retoma del Palacio de Justicia.
Enfrentar a los altos mandos de Fuerzas Armadas es una labor que requiere no sólo la valentía que Ángela Buitrago ha mostrado en los casos en los que ha participado. No es casualidad que varios medios en México atiendan el caso de la exoneración del coronel como una falla para desprestigiar al GIEI. Las presiones que ha recibido la Procuraduría General de la República con los señalamientos bien sustentados de los especialistas, no sólo mantienen vivo un caso al que se le pretendió dar carpetazo, sino que han sido motivo de atención de la ONU, al punto de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró a finales del año pasado que: “El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para dar seguimiento a la investigación en el caso de Iguala, descartó la versión original de las investigaciones sobre que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal. También reveló que fuerzas de seguridad federales tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo mientras estaba sucediendo, pero que no intervinieron. El informe manifestó que el alcance y la complejidad de las operaciones de variadas y diversas fuerzas de la policía involucradas en la emboscada, arrestos, tiroteos y desaparición forzada de los estudiantes significan que debe haber habido una coordinación centralizada”.
Los intentos que se han dado y que posiblemente continuarán para desprestigiar a los integrantes del GIEI deben ser leídos con cautela, el hecho de que varias de las recomendaciones que hicieron al gobierno mexicano sigan sin concretarse y sobre todo aquellas que requieren la colaboración de integrantes de Fuerzas Armadas para esclarecer qué tanta información reservan sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Analista política y activista ciudadana
