La iniciativa de ley que el senador priísta Omar Fayad tuvo a bien presentar la semana pasada parece abrir una puerta de acceso a lo que representará en varios aspectos el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés), que en materia de libertad de expresión y uso de nuevas tecnologías pretende criminalizar libertades que evidentemente incomodan al autoritarismo.
Entre el senador, su equipo y varios dirigentes de la Policía Federal nombraron la iniciativa como: Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos. Nadie niega la necesidad de verificar movimientos del crimen organizado que puedan ser transmitidos por internet. Sin embargo, el carácter generalizado e intromisivo de la iniciativa tiene implicaciones profundas que más que buscar controlar a delincuentes organizados que suelen hacer uso de herramientas cibernéticas para violar la ley, pretende limitar drásticamente las libertades de cualquier usuario.
Con un lenguaje que ignora la libre expresión como derecho humano, Fayad suscribe una ley mordaza que de convertirse en mandato incluiría peligrosas modificaciones constitucionales en las que por poner un ejemplo, se faculta a la Policía Federal de “gestionar la cooperación con empresas proveedoras de servicios de internet para suspender sitios, páginas electrónicas o cualquier contenido que atente contra la seguridad pública, así como para prevenir y combatir los delitos en los que se utilizan medios electrónicos para su comisión”.
Seguramente Fayad ha tomado como referente a sus allegados del PRI y del Partido Verde: Javier Duarte, gobernador de Veracruz, y Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, quienes han recurrido a sus congresos locales con la intención de constreñir el uso libre de internet entre los ciudadanos de las entidades federativas que gobiernan. No es de extrañar por lo tanto que su propuesta al igual que la de ambos gobernadores, carezca de asesoría técnica profesional. ¿Quiénes fueron los ingenieros en sistemas o los expertos en seguridad cibernética que dieron el visto bueno a un texto legislativo tan ignorante del complejo funcionamiento de las nuevas tecnologías? La carencia de visión técnica en la propuesta de ley se hace completamente evidente cuando pretenden convertir en delito cualquier acto que implique alterar el funcionamiento de un sistema operativo o alguno de sus componentes. Esto, inevitablemente significaría que si requerimos hacer alguna actualización al software de nuestra computadora o si bajamos alguna aplicación, podríamos ser condenados hasta por ocho años de prisión.
La necesidad de poder inhibir el uso de redes sociales y en general el uso del internet como herramientas de acoso se redactó de forma tal en la iniciativa, que en la práctica resultaría muy difícil monitorear denuncias de hostigamiento entre iguales, pero en cambio generaría amplias posibilidades para que se pueda criminalizar a usuarios que en el ejercicio de su derecho de interrogar o señalar la falta de algún político o funcionario público recurra a las redes.
De modo que si alguno de nosotros pretendiéramos, como se hizo en meses anteriores, hacer uso de espacios como Twitter o Facebook para denunciar el conflicto de interés de la compra venta de la casa blanca en la que el presidente de la República, la primera dama y el grupo Higa aparecieran reiteradamente cuestionados, los involucrados podrían interpretar estas denuncias colectivas como “acoso, hostigamiento o intimidación” y aquellos que participaran haciendo comentarios y señalamientos podrían ser penalizados desde seis meses hasta dos años de cárcel.
Tras negociaciones que han tomado más de cinco años, el TPP se ha manejado en completa secrecía. Sólo sabemos, por las pocas versiones que se han podido conocer gracias a Wikileaks, la censura cibernética manejada como protección a derechos de autor, es uno de los controles que pretenden imponernos a los ciudadanos que habitamos alguno de los territorios de los “socios comerciales”. Las múltiples reacciones que la iniciativa del PRI generó en las redes sociales han obligado al senador Fayad a defender su iniciativa, asegurando que no pretende restringir ninguna libertad de expresión, sino que es un punto de partida para generar un debate entre sociedad y legisladores sobre el tema de la inseguridad cibernética.
Demasiadas coincidencias. Estados Unidos cuenta ya con las 11 firmas de los socios comerciales y ha anunciado que en próximos días podremos conocer los contenidos ahí negociados. Para ese momento el PRI con sus partidos políticos asociados habrá conseguido echar a andar la iniciativa con la que anudará la mordaza que tanto apetece a los enemigos de las voces libres. ¿Podremos esperar que algo distinto suceda?
Analista política y activista ciudadana
