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Cuando se trata de visibilizar el dolor causado por violación a derechos humanos se corren varios riesgos, entre ellos, la posibilidad de que los casos sean tratados con morbo, que sean minimizadas las responsabilidades o que se prostituya el tema con suficiente difusión mediática pero sin ninguna consecuencia penal sobre los infractores. Hablar de trata sexual como mecanismo de tortura es todavía más complejo. Las escenas descritas por las víctimas parecen salir del guión para un filme perturbador en el que los verdugos no tienen matiz alguno que equilibre su comportamiento inhumano.
Recordarán uno de los cientos de casos: Claudia Medina Tamariz, vendedora de productos naturistas, fue detenida la madrugada del 7 de agosto de 2012 en su casa en el puerto de Veracruz por integrantes de la Marina mexicana. Reportó haber sido torturada con descargas eléctricas y asfixias, y tocamiento genital. Cada uno de estos actos de tortura resultó inútil hasta que la amenazaron con dañar a sus hijos. En ese momento Claudia confesó haber pertenecido al Cártel Jalisco Nueva Generación, con el que no tenía ningún contacto. Salió libre bajo caución el 6 de febrero de este año. Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos insistió en que la Marina violó gravemente sus derechos y pese a que Amnistía Internacional entregó a la Procuraduría General de la República PGR una petición con más de 350 mil firmas solicitando investigación a la denuncia, sus torturadores no han sido procesados.
La perversa imaginación de militares, policías o cualquier autoridad implicada en la intimidación de mujeres a las que se acusa de cometer algún delito, no tiene límites. Basta leer el dosier que trabajaron en conjunto los Centros de Derechos Humanos por la Montaña y Agustín Pro Juárez, con Asociadas por lo Justo entre otras organizaciones de sociedad civil. En dicho documento se enlistan las diferentes formas de tortura sexual a la que recurren para presionar a mujeres “presuntamente culpables” con la intención de que asuman sin debido proceso su culpabilidad. Cito sólo algunas de estas barbaridades: tocamientos o manoseos en cualquier parte del cuerpo, obligación de desnudarse y permanecer así durante los interrogatorios o la detención, agresión verbal con contenido sexual, insultos denigrantes, atribuibles a la descalificación por género, alusivos al sexo; amenazas de violación a su persona o familiares, obligación de presenciar u oír la tortura sexual de otras detenidas o familiares, obligación de adoptar posiciones obscenas o humillantes, o de decir frases que exciten al agresor, e incluso ser fotografiadas o grabadas en posiciones obscenas o humillantes, o realizando actos sexuales, aplicación de corriente eléctrica, quemaduras de cigarrillo en genitales o zonas erógenas y llegan hasta la mutilación genital.
Como lo señalan en el documento derivado de su profesional investigación, las repercusiones sobre la vida personal de una mujer sometida a tortura sexual son devastadoras y trastocan no sólo su psique o su cuerpo, sino que inevitablemente dislocan sus relaciones familiares y de pareja. Además, se genera un estigma discriminatorio que en ocasiones las condena a la marginación y el aislamiento.
De las aseveraciones que integra el análisis esta es la más devastadora: “La militarización en la estrategia de seguridad pública ha fomentado los casos de violencia sexual como forma de tortura por parte de las Fuerzas Armadas”, para explicarlo hacen referencia al informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw 2012) en el que se señala que las regiones donde el Ejército o los funcionarios llevan a cabo operaciones contra la delincuencia organizada prevalece la violencia sexual hacia las mujeres. Acompañan esta denuncia con la declaración del relator de la Organización de las Naciones Unidas. Estos tratos incluyen predominantemente, y en forma adicional a muchas de las prácticas referidas en forma general, las amenazas e insultos que buscan humillar a las víctimas por su especial condición de mujer, así como diversas formas de violencia sexual, incluyendo la violación.
El miércoles se llevará a cabo un foro sobre este tema convocado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, en el Museo de Memoria y Tolerancia, al que vendría bien que asistieran dirigentes de las Fuerzas Armadas, para enterarse de cómo operan sus integrantes.
Aclaración: la semana pasada cité en mi artículo una conferencia de prensa replicada en redes sociales, en la que participó como representante de Católicas por el Derecho a Decidir, María Groeti Moreno. La nota incluía que alrededor de 90% de las víctimas embarazadas por incesto y/o violación a adolescentes en América Latina tienen entre 12 y 19 años de edad, sin embargo, el dato correcto corresponde a menores de 14 años, de acuerdo con la nota de la agencia EFE (20 oct 2015).
Analista política y activista ciudadana
