Mientras el Informe se realiza, al menos una persona desaparecerá en México, si consideramos que sucede una desaparición forzada cada dos horas. El Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ha señalado que en el país son generalizadas y quedan en la impunidad. ¿Qué información sobre las políticas para la prevención y procuración de justicia dará el Presidente para contrarrestar estas afirmaciones?
Mañana Enrique Peña Nieto dará un informe presidencial en el que no podrá afianzar la frase que acuñó tras la desaparición de los 43 normalistas. A un año del traumático evento México no ha superado Ayotzinapa. El caso sigue irresuelto, las averiguaciones oficiales han sido opacas y malogradas. Gran parte de la sociedad sigue demandando legítimamente con manifestaciones nacionales e internaciones que el caso quede aclarado y que los responsables sean identificados y consignados. Posiblemente el Presidente intente evadir su responsabilidad, pero es un hecho que mientras no exista un dictamen confiable de las autoridades, cualquier logro que de su gobierno pretenda resaltar, será insuficiente para resarcir su lastimada legitimidad.
Este 1 de septiembre habrá muchos elementos que el Presidente debería aclarar. Comencemos por el señalamiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en el caso: “En la investigación oficial sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa hay fallas graves y preocupantes, como la pérdida y posible destrucción de videos donde se registraría la detención de los jóvenes y no integración al expediente de ropa hallada en los autobuses que los transportaban”. Coincidentemente esta información extraviada fue detectada por el grupo de expertos y en cambio la autoridad oficial nunca detectó la gravedad de su desaparición.
¿Reiterará el Presidente las conclusiones del ex procurador Murillo Karam que aseguraban que los estudiantes se dirigían a entorpecer el evento de campaña de la esposa del entonces alcalde José Luis Abarca, quien en consecuencia ordenó su desaparición?, ¿habrá revisado con detenimiento el documento en el que los expertos señalan que no era esa la intención de los estudiantes, sino que llegaron después de la conclusión del acto y que las autoridades lo sabían?
¿Qué informará el titular del Ejecutivo frente a los devastadores datos que arroja la procuración de justicia en este caso? Tomemos sólo un par de elementos para solicitarle que rinda cuentas al respecto. De los más de 100 detenidos, 40 presentan huellas de maltrato físico, se presume tortura; el GIEI señaló que la desaparición forzada de los 43 normalistas constituye un crimen de lesa humanidad, pero hasta el momento ninguno de los detenidos ha sido consignado por tal delito.
¿Después de su informe Peña Nieto dará por terminadas las labores del grupo de expertos a sabiendas de que presentarán información sobre los peritajes independientes sobre las lesiones de los detenidos, los movimientos de telefonía de las autoridades, la dinámica de fuego y las escenas del crimen? ¿Esperará que la PGR haga las investigaciones que en todo este año no estuvieron dispuestos a realizar?
Evidentemente la investigación no puede ser cerrada todavía, pues no existe certeza alguna del paradero de los jóvenes aspirantes a profesores. Por lo tanto se necesita un plazo más amplio para que concluyan un trabajo que beneficiará no solamente a las víctimas y sus familiares, sino a la sociedad en su conjunto.
Durante los tres años que Peña Nieto nos ha gobernado, sumamos a la lista 12 mil desaparecidos más, sin un solo avance en el protocolo ni adquisición de tecnología especializada para rastrear los casos.
¿Se atreverá a dar por superado el tema de Ayotzinapa? Lo menos que puede hacer para mostrar un poco de respeto y compromiso con la verdad sobre las desapariciones forzadas, es permitir que se extienda el plazo del grupo de expertos para que continúen con las investigaciones profesionales que la Procuraduría hasta ahora ha preferido eludir.
Analista política y activista ciudadana
