El tema recurrente de nuestros días, no sólo en México sino en el mundo, es el grave impacto que tiene la corrupción en la vida pública. Se dice, inclusive, que estamos ante un problema sistémico, es decir, que abarca a la totalidad de las instituciones y que se reproduce en el tiempo, siguiendo un momentum independiente. Lo más grave es que, en la percepción del ciudadano, la corrupción es inherente al ejercicio gubernamental.
Entre los múltiples factores que inciden en este tema, la falta de participación en la cosa pública ocupa un puesto relevante. Aunque el deseo de colaborar activamente sea una decisión personal, es responsabilidad de las autoridades tanto abrir los espacios pertinentes para que la gente pueda manifestarse, como generar confianza en que los procesos de involucramiento del ciudadano tienen una utilidad real.
Es preciso estar alertas, sin embargo, al hecho de que, en nuestro país, aún subsisten condiciones que limitan que el ciudadano asuma un rol activo en la vigilancia de los recursos que le pertenecen. Por ejemplo, algunas instituciones ven la participación social como una mera ejecutora de tareas específicas en la vigilancia del cumplimiento de programas públicos, no como un elemento empoderado, como un interlocutor válido dotado de la información y capacidades operativas suficientes para evaluar la gestión y aplicación de los recursos.
En este sentido, dar voz a la sociedad para que comunique a las autoridades pertinentes la existencia de irregularidades en la ejecución de programas y políticas públicas representa un avance sustantivo para perfilar a un individuo más involucrado en problemas que, finalmente, inciden en su vida cotidiana. Una de las alternativas para alcanzar este objetivo es abrir medios formales para la denuncia ciudadana; estos pueden tener la forma de buzones, líneas de atención al público o sitios específicos en internet.
Hacer disponibles estos mecanismos no es suficiente, ni representa el límite del rol que deben jugar las instituciones; si no se genera una respuesta efectiva, la participación ciudadana simplemente acaba por desvanecerse. Estas herramientas deben operar bajo el principio de la corresponsabilidad: de los usuarios se espera una denuncia objetiva y fundamentada; de las autoridades se espera una valoración adecuada de la información y una respuesta pronta que atienda la situación, mejore las estructuras existentes y las haga menos vulnerables a la corrupción.
La ASF ha diseñado un sistema para la recepción de información procedente de distintos actores. Los datos se recibirán en la plataforma “Denuncia y Participación Ciudadana” a través de cuatro módulos: Compartir Información (denuncias de irregularidades por parte de servidores públicos), Alerta Empresarial (orientada a entes privados que interactúan con el sector público), Sugerencias de Auditoría a la ASF (propuestas provenientes de cualquier ciudadano como un insumo dentro de la metodología de programación de auditorías), Denuncia contra servidores públicos de la ASF (posibles faltas de integridad del personal de la institución). Se tiene contemplado, más adelante, habilitar un sitio para aprovechar la interacción con las figuras de participación social del Gasto Federalizado, buscando sinergias con las secretarías de la Función Pública, Educación Pública, Desarrollo Social, Salud y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El próximo 17 de febrero, en el contexto de la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la ASF dará a conocer al público dicha estrategia. En el combate a la corrupción, tanto los ciudadanos como el Estado deben mantener una estrecha comunicación: mecanismos como los propuestos pueden ayudar a lograrlo.
Auditor superior de la Federación
