Hace unas semanas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) publicó la séptima edición de su Índice de Competitividad Internacional. Definida la competitividad como la capacidad de una región para atraer y retener talento e inversión, el Imco considera diez variables: sistema de derecho, manejo sustentable del medio ambiente, sociedad incluyente, sistema político, gobierno eficiente y eficaz, mercado de factores, economía estable, sectores precursores de clase mundial, aprovechamiento de las relaciones internacionales, e innovación y sofisticación en los sectores económicos. Con base en ellos, la situación de México en los últimos diez años ha ido a la baja: pasamos del lugar 32 al 36 entre los 43 países en medición. La única ventaja fue haber subido una posición en los dos últimos años, al pasar del lugar 37 al 36, quedando por encima de Argentina, Rusia, Colombia, Indonesia, India, Guatemala y Nigeria.
De los 10 factores de medición apuntados, llama la atención que en el de “sistema de derecho confiable y objetivo” se venga dando un deterioro creciente, no comparable con el de ningún otro. Esto significa que en las condiciones constantes del estudio del Imco, el deficiente sistema jurídico mexicano es uno de los factores más relevantes de la disminución de competitividad de nuestro país. La pérdida constante de posiciones entre 2001 y 2013 la atribuye el estudio a la violencia, la corrupción y la fragilidad del Estado de derecho. En particular, entre 2011 y 2013 la desagregación de los quince indicadores que constituyen el rubro “sistema de derecho”, la situación fue la siguiente. Leve mejoría en cuanto a personas encarceladas sin sentencia, confianza en las policías, imparcialidad en los tribunales, independencia de los jueces, piratería informática, protección a acreedores, ejecución de contratos, combate a la corrupción y estados frágiles. Mantenimiento de los índices en cuanto a personas desaparecidas, derechos de propiedad y tiempo de resolución de quiebras. Empeoramiento en el número de homicidios dolosos, costos de la delincuencia en los negocios e índice de Estado de derecho.
Frente a los magros resultados obtenidos, en el estudio del Imco se proponen acciones concretas de mejora. Robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción mediante la elaboración de tipologías claras, fortalecimiento de los sistemas locales, especialización de personal y creación de leyes específicas; profesionalizar a las policías estatales, vincular a policías con procuradurías y transparentar los recursos asignados a los cuerpos policiales; mejorar la calidad en la implementación de la reforma penal; mejorar los sistemas de procuración de justicia mediante la profesionalización del personal; garantizar la seguridad jurídica de la propiedad rural y urbana mediante el establecimiento de sistemas catastrales, armonización de normas y ampliación de los servicios de fe pública.
Más allá de posibles desacuerdos puntuales con la metodología empleada o los resultados obtenidos por el Imco, lo cierto es que la reiteración de unos y otros identifica una constante: nuestro país tiene un marco jurídico deficiente. Si se mira desde el ámbito de la seguridad, las fallas son evidentes para garantizar la vida, la seguridad y el patrimonio de las personas. Si se observa desde el ámbito de los negocios grandes o pequeños, hay una gran cantidad de elementos que los dificultan. Si consideramos lo propuesto por el Imco, hay algunas variaciones respecto a lo que hace algunos años propuso el Poder Judicial de la Federación en el Libro Blanco, o recientemente el CIDE respecto a la Justicia Cotidiana. Pareciera que muchos saben lo que se debe hacer en materia jurídica para mejorar la seguridad, la competitividad o, en general, la convivencia cotidiana. Frente a buenos diagnósticos y buenas propuestas, hay una pregunta simple: ¿por qué empeoran las cosas ahí donde al parecer sabemos cómo mejorarlas?
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
@JRCossio
