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La próxima semana los mexicanos celebraremos el 99 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. De cara al centenario, iniciará un año en el que habrá un gran número de eventos y foros en los que, seguramente, uno de los temas a discusión será: si ahora que nuestra Carta Magna cumple un siglo de vida, es necesaria una nueva Constitución.
La Constitución de 1917 plasmó en cada una de sus páginas nuestra voluntad de vivir en una nación cuya soberanía reside en el pueblo; plasmó también nuestra voluntad de vivir en un país democrático, donde la libertad es la regla y no la excepción. Fue a partir de 1917 cuando se dio origen al Estado promotor y defensor de los derechos sociales básicos, dejando atrás la pugna por el poder y la lucha armada que marcó el destino de México en los primeros años del siglo veinte.
Los constituyentes de 1917 pusieron en manos de los mexicanos la posibilidad de fundar una patria renovada que pudiera avanzar, basándose en principios universales como la libertad y la justicia. Costó muchos años de lucha alcanzar la libertad que hoy gozamos. Costó muchos años de enormes sacrificios construir el andamiaje institucional que hoy garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de sufragio.
Hoy podemos hablar de un país de instituciones sólidas. Contamos con un Poder Legislativo fuerte, que es un contrapeso real y efectivo al Poder Ejecutivo, y en el que hoy tienen cabida todas las voces y todas las ideas. Un Poder Judicial verdaderamente independiente de los otros poderes.
Nuestra Constitución, al igual que el país, ha sufrido grandes trasformaciones. Solamente 27 de sus 136 artículos nunca han sido tocados. 27 artículos que han sobrevivido a 21 presidentes de la República y a 37 Legislaturas.
En los últimos años se le hicieron cambios muy importantes: la reforma en materia de derechos humanos de 2011 es tal vez la más relevante que se haya realizado al Capítulo Primero de nuestra Carta Magna. Con ella, se ha dado una verdadera transformación en materia de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte del Estado.
Los mexicanos también hemos tenido que emprender la lucha por la legalidad. Décadas de simulación y negociación de la ley permitieron que la corrupción y la impunidad se enquistaran en nuestra sociedad y en muchas de nuestras instituciones. La transición democrática dio voz y fuerza a la ciudadanía para comenzar a impulsar los cambios que requería nuestro país con el propósito de hacer de México una nación con un verdadero Estado de derecho.
Así llegaron otras reformas también relevantes: la reforma integral del sistema de justicia penal, que transforma su carácter inquisitorio en uno de tipo acusatorio, eleva la transparencia al establecer los juicios orales y protege de manera más efectiva los derechos de las víctimas. Otro cambio constitucional de gran calado fue la reforma en materia de amparo, que amplía la protección de la justicia a los derechos humanos y puso al día a este instrumento jurídico fundamental para los mexicanos. Más recientemente el Sistema Nacional Anticorrupción, cuya regulación secundaria está en proceso, pretende acabar con ese lastre que han sido para nuestro país la corrupción y la impunidad.
En 1917, el presidente Carranza, al jurar cumplir y hacer cumplir la nueva Constitución, dijo: “Ahora sólo nos queda la obligación de ir a la práctica de la Ley Suprema que acabáis de sancionar, llevándola en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la Tierra”.
Si me pidieran opinión, me atrevería a decir que no necesitamos una nueva Constitución; lo que necesitamos, como lo dijo el presidente Venustiano Carranza, es ir a la práctica de los preceptos que están plasmados en nuestra Carta Magna, algunos de ellos, por cierto, desde el Congreso Constituyente en 1917.
Abogado
@jglezmorfin
