La democracia supone una serie de equilibrios para evitar los distintos excesos y males que pueden surgir de la tarea de gobernar una comunidad. Por eso es tan difícil alcanzarla y, más aún, consolidarla. Las distintas tendencias extremas pueden llevarla en un sentido o en otro haciéndole perder ese delicado equilibrio y desvirtuando, por tanto, sus beneficios. Por un lado, la democracia debe ser capaz de mantener la gobernabilidad, lo que es imposible sin un Estado fuerte (como sucede en la anarquía); pero por otro, un Estado fuerte implica el riesgo de que quien lo encabeza pueda fácilmente abusar del poder conferido, de manera impune (como sucede en toda autocracia). La democracia se ubica pues en un punto equidistante entre esos dos extremos, en un difícil equilibrio; concede al poder Ejecutivo suficiente poder para gobernar y tomar ciertas decisiones, pero no le da todo el poder, de modo que si incurre en su abuso excesivo podrá ser removido de manera pacífica e institucional (en una autocracia es necesario hacer una costosa revolución para deponer al tirano). El equilibrio democrático consiste, desde esta perspectiva, en que no se debe remover a un gobernante por cualquier falta administrativa o abusos de poder irrelevantes (que prácticamente todos), sino por abusos o trasgresiones a la ley graves.
Por otro lado, hay diferencias importantes entre un régimen presidencialista y parlamentario, ambos regímenes de tipo democrático. En uno presidencialista la remoción de un presidente ocurre sólo por violaciones graves a la ley (como en el Watergate o con Collor de Mello). En uno parlamentario es posible además remover a un jefe de gobierno (primer ministro) por un mal desempeño de gobierno; se trata de una responsabilidad estrictamente política, aunque no la haya legal. Si ha tomado malas decisiones o la economía es mal conducida, es posible emitirle un voto de censura, aunque no haya violado la ley. Si el primer ministro considera su desempeño adecuado, tiene todavía la posibilidad de disolver el Congreso, convocar a nuevas elecciones, y será el electorado el que decide si se va o se queda. En un régimen presidencial, la destitución por razones legales no permite el “contrataque” de disolver el Congreso. Por eso la razón para la destitución tiene ser legal y grave, o de lo contrario el Ejecutivo queda en condición sumamente frágil, y se abre la puerta a la ingobernabilidad. Algunos regímenes presidenciales, eso sí, han incorporado una figura para destituir al presidente por razones estrictamente políticas; la revocación de mandato, pero no pueden ordenarlo los legisladores ni jueces, sino una cantidad determinada de votantes (como se está intentando hacer en Venezuela, con dificultades). Se trata, en todo caso, de una figura más rígida y complicada que el voto de censura parlamentario.
En Brasil vemos una contrahechura de todo esto. La popularidad de la Dilma Rousseff es muy baja por el mal desempeño económico, pero no es razón para su remoción (pues no es un parlamentarismo); pero eso es aprovechado por sus enemigos (también corruptos) para destituirla por faltas administrativas menores (que como ella ha aclarado, otros presidentes incurrieron en lo mismo sin que nada les ocurriera). Pero tampoco existe la figura de revocación de mandato, la cual podría bastar para removerla por razones estrictamente políticas (de mal desempeño) aunque no hubiera violado gravemente la ley (como no es el caso). En Brasil ha ocurrido pues una mezcla de figuras y prácticas que no están contempladas en su régimen, si bien forzándolas dentro de un proceso estrictamente legal (dentro de un diseño mal pensado). Un grave precedente que desequilibra su democracia a favor de la debilidad del Ejecutivo y, por ende, de la ingobernabilidad. Se puede en efecto hablar ahí de un golpismo legal, que aprovecha un régimen un tanto mal diseñado para remover a la presidenta por razones esencialmente políticas, pero aprovechando irrelevantes faltas administrativo-legales.
Profesor del CIDE
