Los partidos decidieron en 2014 elevar las sanciones a las faltas que consideran fueron determinantes en pasadas elecciones. Sólo con castigos ejemplares los partidos se alinearán, piensan. A las autoridades encargadas de aplicar la ley pueden parecerles desproporcionados tales castigos, pero si el criterio de aplicación es si ésta gusta o no a consejeros y magistrados, se desvirtúa o anula el propósito del legislador. Puede proponerse la modificación de la norma en tal o cual sentido, pero mientras tanto, están obligados a aplicar la que está vigente. Por ello, considero que fue correcta la decisión del INE respecto a Morena en Zacatecas y Durango; y que el Tribunal Electoral vulneró el ar-
tículo 229 de la LEGIPE, que prevé la cancelación del registro a quien no entregue a tiempo sus cuentas. El Tribunal le dio en la línea de flotación al costoso esquema de fiscalización, pues el cumplimiento de las fechas son fundamentales para su operación. Los partidos podrán presentar sus cuentas extemporáneamente, entorpeciendo la oportuna fiscalización.
¿Es más importante aplicar la ley o respetar los derechos políticos de los actores? Yo considero que los derechos pueden y deben ejercerse dentro de cierto marco normativo, para así dar orden al proceso y proteger los derechos de terceros. Si no cumplo esos requisitos, perdí mi derecho, y no es que la autoridad me lo haya vulnerado injustamente. Si no tengo credencial de elector y por ende no podré votar (y los tiempos para renovar la credencial se agotaron), ¿debo quejarme ante el Tribunal de que mi derecho a votar ha sido vulnerado por el INE? Atendiendo a su propia argumentación jurídica, el Tribunal debería ampliar el plazo para renovar mi credencial, o incluso dejarme votar sin estar en el padrón o sin credencial, pues los trámites administrativos no son excusa —según él— para que no se ejerzan esos derechos. Bajo esa lógica, a Jorge Castañeda se le debió permitir competir en 2006 como independiente; era su derecho. Pero hubo que esperar al cambio de ley.
Por razones semejantes, muchos consideramos que al Partido Verde debió retirársele el registro, pues es lo que la ley estipula. Y ahí no se trataba de meros trámites burocráticos, sino de una violación grave a la ley (como los propios árbitros lo señalaron) de forma sistemática (como era evidente, por la reiteración de la falta y el desacato a las órdenes de las autoridades). Sin embargo, varios consejeros consideraron entonces que el castigo era excesivo a la falta, pero en el caso de Morena modificaron su criterio en 180 grados. Lo que esos consejeros critican ahora del fallo del Tribunal fue lo que ellos mismos esgrimieron respecto del Verde. Por ejemplo, Lorenzo Córdova escribió ahora: “El Tribunal resolvió que la sanción del INE es desproporcionada, que hace nugatorio el derecho del candidato de votar y ser votado, y que la entrega extemporánea de informes, pese a lo que expresamente dice la LEGIPE, no amerita la cancelación del registro. El Tribunal reconoce que hubo las faltas, que pueden ser graves, y que deben sancionarse estableciendo una gradualidad y no como lo dice la ley. Con esta interpretación, el Tribunal se aparta de la disposición literal de la ley e interpreta que las sanciones no son las del texto legal, con lo que pone al INE de cara a los próximos procesos electorales ante un dilema: ¿cómo hacemos para no permitir que estos criterios le abran un boquete al modelo de fiscalización?” (EL UNIVERSAL 21/Abril). Y Marco Baños dijo que el fallo del Tribunal en el fondo “favorece las acciones que realizan los partidos para tratar de engañar a la autoridad”, e insistió en que debe acatarse lo que dice la ley. Estoy de acuerdo con ellos, pero esos son los argumentos que dentro y fuera del INE esgrimimos quienes exigíamos retirar el registro al Verde; y Córdova, Baños y Murayama (entre otros) los desecharon bajo alegatos que ahora critican en el Tribunal Electoral. Por eso surgen luego acusaciones de que los consejeros aplican doble vara según qué partido será el perjudicado, atendiendo a sus fobias o a las instrucciones de sus jefes políticos.
Profesor del CIDE
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