El caso de los 43 normalistas desaparecidos rápidamente se politizó, y así continuará. Precisamente por constituir un trágico suceso, diversos grupos disidentes, con sus propias agendas políticas (algunas de corte radical), vieron en ello una magnífica oportunidad para golpear eficazmente al gobierno federal, aprovechando sus errores y torpeza para manejar el caso adecuada y oportunamente. Se asociaron y rebasaron a los padres de los jóvenes. Muy pronto transfirieron el costo político del partido gobernante tanto en Iguala como en Guerrero (el PRD), al gobierno federal. Si el PRD se halla hoy en grave crisis, no es por Iguala, sino por la ruptura sufrida con López Obrador antes de ese acontecimiento.
El punto de mayor divergencia, y fundamental para aclarar lo que ocurrió, fue si hubo fuego controlado en el basurero de Cocula, donde podrían haberse incinerado los cuerpos de los normalistas (o de algunos). Ante la negativa de los padres y asociados a aceptar esa conclusión de la PGR, se pensó en la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un grupo de expertos independientes (GIEI). El grupo invitó al experto en fuego José Luis Torero, que a vista de pájaro, en sólo 20 minutos y sin pruebas de ningún tipo, desechó la tesis del fuego, fortaleciendo la posición política de padres y asociados, que negaban tajantemente esa tesis. Y desde luego que es clave saber si hubo tal fuego, pues en caso negativo no habría ninguna posibilidad de que ahí hubieran sido desaparecidos los cuerpos de los 43 normalistas.
Y por eso mismo la PGR aceptó una nueva comisión de expertos, formada por tres personas propuestas por la propia PGR y el GIEI, que elaborara un tercer dictamen con más tiempo, pruebas y seriedad que el realizado por Torero. Una de las propuestas por parte del GIEI fue, de nuevo, Torero. Al tener resultados que indican que sí hubo fuego controlado y restos de al menos 17 personas, la comisión de expertos entregó el viernes 1 de abril el dictamen en sobre cerrado, tanto a la PGR como al GIEI. Y propuso dar a conocer los resultados a la opinión pública, para lo cual invitó a las dos partes; la PGR aceptó estar presente (no fue ella la que dio la información, sino el vocero de la comisión), pero el GIEI se negó, alegando que había acuerdo en dar a conocer los resultados a los padres antes que a la opinión pública. Así era. Pero más allá de ese incumplimiento (que en efecto no debió haber ocurrido), lo de fondo es si se reconoce o no que hubo fuego controlado en Cocula, en las fechas calculadas.
Ha trascendido que el propio Torero (y otro de los expertos propuestos por el GIEI) mantiene un voto particular negando la validez de ese veredicto. El GIEI parece aferrarse a la tesis de que no hubo fuego, y se apoya en los dos votos particulares en contra del dictamen. Con lo cual quedará abierta la duda o negación de lo que sucedió. ¿Quién podría determinar si es válida la conclusión del dictamen en sentido de que sí hubo fuego controlado? ¿Otra comisión u otro experto imparcial validado por las partes? No sería raro que, de llegar de nuevo esa otra comisión o experto a la conclusión de que sí hubo fuego, ésta fuera también descalificada bajo cualquier otro pretexto o argumento por los padres y asociados, y probablemente por el propio GIEI, para nunca llegar a un punto final.
Cierto es que aun aceptando el fuego, no hay más elementos para probar la incineración de los 43 ahí (en Innsbruck no han encontrado nuevas pruebas al respecto). Podría quedar abierta la duda sobre el paradero de los 43, pese a reconocer el fuego. Pero por su parte, un abogado de los padres ha sugerido que fueron los Guerreros Unidos —y no una agencia del Estado— quienes dieron muerte a los 43. Tesis que los propios padres y asociados seguramente rechazarían. Y es que de confirmarse y eventualmente aceptarse la tesis de Cocula, se pondría en riesgo el movimiento político que tan exitosamente ha lucrado con esta tragedia, y tan eficaz ha sido para golpear al gobierno federal. Y a eso no renunciarán los asociados de los padres.
Profesor del CIDE.
FB: José Antonio Crespo Mendoza
