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Nunca he entendido por qué las razones que se esgrimen para haber legalizado el tabaco y el alcohol —drogas mucho más perjudiciales que la marihuana—, no se aplican también para ésta (y eventualmente otras drogas). Las razones para no prohibir son: se forman mercados negros con sus mafias y cárteles concomitantes, corrupción de los encargados de combatirla, violencia y criminalización de los consumidores, y baja la calidad del producto siendo más perjudicial de lo que podría serlo en caso de despenalizarse. Si esas fueron las razones para legalizar el tabaco y el alcohol ¿por qué no se aplican también a la marihuana (y eventualmente a otras drogas)? Es irracional. Lo congruente sería que quienes se oponen a despenalizar esta yerba estuvieran en una intensa campaña para prohibir también el alcohol y el tabaco (y el cemento, por ejemplo). Pero no. Probablemente muchos de quienes se oponen a despenalizar la marihuana son consumidores de tabaco y alcohol en cierta medida, sin que
necesariamente sean adictos.
Se ha dado un primer paso para modificar el ineficaz y contraproducente esquema de prohibición de la marihuana. Lo que dicho esquema sí logró fue convencer a la mayoría de mexicanos que conviene más la prohibición que la regulación. Eso amenazaba con mantenernos rezagados en este tema, como lo estamos en muchos otros. De ahí la importancia de la decisión de la Corte, por más que sus efectos iniciales sean limitados. Abrió una rendija a la racionalidad. Dicha resolución no se tomó desde la óptica de la seguridad pública, pues bien se dice que despenalizar la marihuana no resolverá el problemón que nos agobia. Eso es resultado de años de la absurda política de prohibición y no podrá ser resuelto con una pequeña medida correctiva. Pero al menos los consumidores podrían dejar de ser enviados a las sobrepobladas universidades mexicanas del crimen. Se ha dicho que no se quiere que el país se vuelva marihuano. No lo será, como no lo es tabaquizado ni alcoholizado, aunque haya quienes sí son adictos a esas drogas. Prevalece sin embargo la contradicción de que se puede consumir el producto, pero no comercializarlo. Se pregunta de dónde saldrán las semillas para el cultivo de los cuatro amparados. Cierto. Es contradictoria la liberación del consumo más no de la producción y venta. La despenalización racional llevaría a un mercado competitivo y regulado, en lugar del oligopólico y negro como el que hoy prevalece. Y se obtendrían impuestos para destinarlos a campañas de información, prevención y rehabilitación.
Sin embargo, la perspectiva desde la que se abordó el asunto en la Corte es la de derechos humanos; se basa en la postura liberal de que, mientras no se haga daño a terceros, el individuo puede decidir sobre lo que consume e ingiere, incluso si es dañino a su salud (como ocurre con muchos alimentos que circulan libremente en el mercado y que, consumidos en exceso, son perjudiciales e incluso letales). Y esto es relevante porque numerosas voces, estando de acuerdo con la despenalización en sí, advierten que ésta debiera ser producto de una decisión mayoritaria, sea por un plebiscito, o bien aprobado por la representación nacional en el Congreso. Pero recordemos que tratándose de derechos humanos, no son las mayorías las que deben decidir. Se cae en la misma postura antiliberal que dice defenderse; si el Estado patriarcal no debe decidir si ingerimos tal o cual sustancia o alimento, ¿por qué habría de hacerlo una mayoría que probablemente no simpatiza con esa sustancia? La Corte no está para legislar, es cierto, pero sí para proteger los derechos humanos de minorías frente a la tiranía de mayorías que pueden ser prejuiciosas, ignorantes e intolerantes (como ocurre en muchos temas de raza, condición social, costumbres, orientación sexual y otras). Tratándose de derechos humanos, como es el caso, la Corte es el lugar adecuado para decidir. El Congreso, es cierto, debe armonizar el marco legal a partir de las resoluciones de la Corte, al menos cuando haya jurisprudencia al respecto.
Profesor del CIDE.
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