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Sorpresiva resultó la solicitud de orden de aprehensión solicitada contra el subsecretario Arturo Escobar por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Desde el principio fue una mala decisión su nombramiento, pues como dijeron varias organizaciones, se ponía en manos de un probable delincuente (electoral) la prevención de la delincuencia. Sorpresiva no porque se pensara a Escobar incapaz de incurrir en aquello de que se le acusa. Aunque no se le sancionó —ni siquiera se investigó— haber sido sorprendido en Chiapas con más de un millón de pesos en efectivo, todos los indicios apuntaban a un probable delito electoral (a Javier Duarte, hoy gobernador de Veracruz, se le encontró con 25 millones en efectivo, y tampoco nada). Y sobre todo, tratándose de uno de los máximos dirigentes del Partido Verde, es altamente probable que Escobar hubiera participado en uno o más de los ilícitos graves y sistemáticos que tanto el INE como el Tribunal Electoral confirmaron en el caso de ese partido (si bien el primero decidió inventar argumentos risibles para darle la vuelta a la estricta aplicación la ley). Entonces a nadie sorprende ni extraña, supongo, que Escobar pudiera estar implicado en algunos de esos ilícitos administrativos que también suponen un delito electoral, tipificados en los artículos 7 y 15 de la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales. Del 7, Escobar es acusado de solicitar proveer “bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizados por el órgano electoral administrativo”, delito castigado con prisión de seis meses a tres años. Y el 15 habla de penalizar a quien “realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello”, como sería el caso. La pena prevista es de cinco a quince años de cárcel, pero se va hasta una mitad más cuando “la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral” como ocurrió.
Lo sorpresivo no sería pues la presunta comisión de esos delitos por parte de Escobar, sino que la FEPADE actuara en su contra, siendo subsecretario. Hasta ahora, la FEPADE ha brillado por su ausencia e ineficacia. Apenas se anuló la elección de Colima, preguntábamos en este espacio si los responsables de los delitos que provocaron dicha decisión serían llamados por la FEPADE, tratándose de altos funcionarios del gobierno de aquella entidad (caso que está pendiente). Pero ahora vemos esta inesperada acción contra un subsecretario de Gobernación. Es cierto que no hace mucho que la FEPADE adquirió autonomía técnica respecto de la PGR, además de que su titular no es nombrado desde el Ejecutivo, sino por el Senado. La especulación de este hecho gira en torno a si estamos presenciando los efectos de esa nueva autonomía o bien si está respondiendo a señales de arriba para deshacerse por medio de esta vía de tan molesto personaje (a quien se habría nombrado como pago —como él mismo dijo— por la alianza con el Verde, que se tradujo en que el gobierno tenga mayoría absoluta en la Cámara Baja).
Ojalá estuviéramos en la primera hipótesis, pero hay elementos para pensar que la FEPADE está respaldando una jugada política instrumentada —o al menos tolerada— desde el propio gobierno. El hecho mismo de haber hecho pública su solicitud de orden de aprehensión, así lo sugiere. En cuyo caso una decisión como esta no sería sino una golondrina que no hace verano (como suele ocurrir en nuestro régimen, que no termina por romper el círculo vicioso de impunidad-corrupción). Podría ser que se le exonere a Escobar de los cargos que se le imputan, pero la opinión pública no pensará que eso ocurre porque se le levantaron falsas acusaciones, sino que el Poder Judicial sigue estando esencialmente podrido. Falta por ver si el desenlace de este episodio sentará un sano precedente o será, como casi todo lo que ocurre en materia de impunidad, una hoja más que se lleva el viento.
Profesor del CIDE.
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