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La Salud es un derecho de todos, es mandato constitucional que debe cumplir el gobierno, señaló El Presidente Peña Nieto en la Asamblea de Funsalud, dirigida por el empresario Escandón Cusi, líder en la distribución de fármacos en México. Dicha afirmación fue precedida del acuerdo en el IMSS de afiliar a estudiantes del país, que resulta halagüeña en la tarea de cumplir con el derecho a la salud de todos los mexicanos, sin embargo, dicha declaración presidencial resulta contradictoria o demagógica cuando no se acompaña de la dotación de los recursos necesarios para fortalecer los servicios de sanidad, resolución que agravará la sobrecarga de atención médica de las instituciones públicas, siendo ya un mal crónico del sistema de salubridad mexicano, que repercute negativamente en la vida y economía de la población.
Resulta una contradicción incorporar a nuevos asegurados, cuando el gobierno no garantiza la oportuna y resolutiva atención médica, ni las acciones preventivas, para cuidar la salud de sus ya afiliados, y se omite la obligación patronal del aseguramiento de asalariados que deberían estarlo, quienes superan los 12 millones, los cuales son trabajadores precarios al margen de la legislación laboral mexicana. Cabe recordar que la cobertura de salud más importante en México es realizada por las instituciones de seguridad social, creadas al fragor de las luchas obrero-campesinas y del ideario de la revolución mexicana, más de la mitad de los mexicanos son atendidos por las instituciones de seguridad social.
El gobierno federal anuncia nuevamente la salud universal mediante la revisión de los padrones de aseguramiento, que resultan cortina de humo para evadir los problemas centrales del sistema de salubridad como son: el desfinanciamiento, la privatización y la corrupción, hoy agravada por la política de austeridad y recorte a los servicios de sanidad. Destacan la creación de plazas, el desabasto de medicamentos y la privatización de los servicios de salud.
Entre marzo y octubre del 2014 la Secretaria Mercedes Juan, la Secretaría de Hacienda y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Estado, FSTSE, anunciaron la creación de 22 mil plazas para la SSA y 10 mil plazas en el ISSSTE, al tiempo que en el IMSS, pretendían desaparecer la rama de intendencia y transferir al sector privado la atención de enfermos renales y diabéticos. Los recursos presupuestados para la basificación y la creación de plazas indispensables para remontar el rezago en la atención médica han quedado en el vacío, ¿Dónde quedaron esos recursos? Y ¿Cómo mejorar el cuidado a la salud y la atención medica sin médicos, enfermeras, trabajadores de apoyo de servicios y administrativos? En el IMSS más del 20% de trabajadores no tienen base.
El desabasto de medicamentos y la producción de productos biológicos se manifestaron en la reciente epidemia de influenza. El desabasto, problema endémico del sistema de salud, no se ha resuelto con declaraciones de funcionarios.
En el día mundial de la Salud el gobierno federal deberá responder al rechazo a las políticas de austeridad y de recorte de personal, resolviendo la falta de más de 50 mil profesionales de la salud y la basificación de más de 150 mil trabajadores del sector, así como producción por el estado de medicamentos, erradicando la corrupción en el manejo de las plazas y en las adquisiciones. Reto que el ex rector, Dr. José Narro, deberá responder el próximo 7 de abril.
Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS, sempo@unam.mx
