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Según las encuestas preelectorales, en el Estado de México 80 % de ciudadanos deseaba que hubiera alternancia. Y Alfredo del Mazo aparecía, con mucho, como el candidato más corrupto, más mentiroso y menos confiable. Y según las mismas encuestas, de haber habido segunda vuelta Delfina Gómez hubiera ganado por más de diez puntos de ventaja (por eso el PRI no apoya la segunda vuelta). Y sin embargo, ganó Del Mazo. Hay dos variables al menos que lo explican: A) El PRI fue en alianza y los demás fueron solos; voto opositor fragmentado. B) Hubo operativo de Estado, quizá determinante en el resultado, que el INE no vio y el Tribunal Federal avala como válido. Ese será el tenor de la contienda presidencial. El PRI aprendió la lección de 2016; el nivel normal de irregularidades no alcanza para ganar, por lo cual había que multiplicarlo para garantizar el triunfo. Y volcó la casa por la ventana. Los operativos de inducción, compra de votos y de credenciales se vieron por todos lados. Pero son redituables porque son difíciles de probar como causales de nulidad. Cuestan mucho, pero dinero es lo que sobra cuando se está en el gobierno, y “todo lo que en política se puede comprar con dinero, sale barato”, según el viejo apotegma.
La literatura electoral de los años 60 y 70 en México hablaba de una paradoja de la participación; a la inversa de los países civilizados, en México participaba en mucho mayor medida la población rural y menos escolarizada. ¿Es porque ese segmento es más politizado y participativo? Más bien, porque es más susceptible de ser movilizado mediante la compra del voto, el clientelismo y el corporativismo; el legendario voto verde (o de hambre). Es decir, contrariamente a lo que se ha dicho, en México a veces mientras mayor es la participación, más votos para el PRI. No hay pruebas contundentes que demuestren que dicha movilización clientelar determinó el resultado, bastante estrecho. Pero indicios sí hay. Una encuesta de Ulises Beltrán reporta que 20% de sus encuestados dijeron recibir dádivas o dinero de diversos partidos, y en particular 14% lo recibieron del PRI. Eso implicaría 288 mil votos involucrados a favor de Del Mazo. Pero a falta de pruebas causales, no habrá consecuencias legales.
Morena busca anular cinco de los nueve distritos donde hubo una participación superior al 60% (el promedio estatal fue de 53%), donde el PRI obtiene votos de manera desproporcionada y anómala. En los distritos ganados por Alfredo Del Mazo la participación fue de 56%, algo por encima del promedio estatal. En cambio, en los distritos en los que se impuso Delfina Gómez, la participación electoral fue de 49%, siete puntos menos que en los distritos priístas. Y dentro de los distritos ganados por el PRI también hay diferencias según el nivel de concurrencia. En los distritos en que la participación es menor al 60%, el promedio de votación priísta fue del 37%, y su ventaja sobre el segundo lugar, de sólo 8%. En cambio, en los 5 distritos impugnados por Morena, hubo 64% de concurrencia, el PRI obtuvo ahí 50 % de votación promedio y la distancia sobre su más cercano rival fue de 29 puntos porcentuales. El diferencial de votos a favor del PRI en esos cinco distritos fue de más de 220 mil votos, superior a la diferencia con la que gana oficialmente Del Mazo. El mensaje para la elección presidencial es claro; los partidos podrán y tenderán a buscar los votos como sea, utilizando los recursos a su alcance (y en ello hay gran inequidad) ante la mirada comprensiva y el aval de las autoridades electorales, que son auténticos elefantes blancos que cuestan mucho pero sirven poco. Sus decisiones se hacen más a partir de criterios políticos que jurídicos. Así, a pesar del gran esfuerzo y recursos invertidos en el sistema electoral, éste muestra baja calidad: México aparece en el lugar 65º entre 158 países, y en el 14º entre 28 de América, según The Electoral Integrity Project (2017). El domingo 4 de junio quedó claro por qué.
Profesor del CIDE. @JACrespo1
