Más Información
Es entendible que en Cuba de los hermanos Castro, en Venezuela del finado ex dictador Chávez y de su actual dirigente Maduro o bien en Corea del Norte de Kim Jong-Un, exista la censura y la intimidación institucional como una forma de silenciar a la opinión pública y el libre ejercicio del periodismo, porque sencillamente no son democracias, sino autocracias, formas de gobierno en donde no hay libertades políticas, porque el pueblo no tiene derecho a decir nada, en buena medida porque no tiene información con la que pueda reflexionar, deliberar, opinar y decidir sobre los asuntos públicos, en los que se requiere de la expresión popular razonada.
Son gobiernos que mantienen sus tiranías, porque han vendado los ojos y oídos de sus ciudadanos, mutilando la conciencia social que es indispensable para demandar respeto a los derechos fundamentales de los gobernados. Entre ellos, el derecho a saber por medio de la libertad de opinión y de la manifestación de ideas y críticas en contra de lo que se pueda considerar mal gobierno.
En México por muchos años tuvimos un sistema similar, en donde la libertad de expresión era una formalidad semántica dentro de la ley, pero no un derecho vivo, que se garantizará efectivamente. Estas prácticas formaron parte de un régimen que mundialmente fue identificado por su alto nivel de autoritarismo. En esencia era un sistema político intolerante y excluyente, que reprimía a la disidencia que no coincidía con las verdades oficiales.
Gracias a las reformas electorales iniciadas en 1977 por Jesús Reyes Heroles, así como otras que fortalecieron el funcionamiento e independencia del Poder Judicial, del Congreso y la protección de los derechos humanos, es como se gestó y desarrolló nuestra transición a la democracia, la que ha permitido tener hoy un sistema electoral más competitivo, plural, alternante y legítimo, en donde las libertades políticas del ciudadano son más respetadas. Ha sido una transición sui generis, por larga, onerosa y a pesar de tantos esfuerzos, aún inconclusa, pero no exenta de riesgos y de eventuales regresiones que no debemos permitir.
Es el caso en donde el INE, en fechas recientes inició un procedimiento sancionador en contra de Joaquín López-Dóriga, Javier Alatorre y otros comunicadores que cubrieron la gira del Papa en su estancia por México, porque expresaron opiniones que presuntamente vulneraban la pauta electoral y con ello el modelo de comunicación política que prevé la Constitución, para la difusión de mensajes de los partidos políticos y del propio INE.
Una acusación sin fundamento ni pruebas, terminó siendo una suposición altamente discrecional y subjetiva, una forma de inhibir el libre ejercicio del periodismo, fundamental en una democracia para hacer valer el derecho a la crítica.
Por unanimidad y con base en el derecho nacional e internacional, la sala regional especializada del TEPJF, resolvió, que los comentarios de los periodistas, son validos y legales, porque fue un ejercicio de comunicación, que se verificó acorde a las reglas con las que se ejerce la libertad de expresión, sin que esto haya alterado o distorsionado los promocionales pautados.
Tenemos un precedente judicial que reitera la protección jurídica que tiene toda persona para expresar sus opiniones, pero también, se establece un nuevo criterio para nuestra democracia, porque se reconocen los derechos colectivos que tenemos las audiencias para recibir opiniones libres, que requiere toda sociedad libre para tomar decisiones con la mayor libertad de conciencia posible. Es obvio, sin libertad no hay democracia posible.
El tribunal electoral al defender la libertad de expresión, protegió nuestro derecho a criticar, nuestro derecho a disentir, nuestro derecho a pensar de manera diferente y con ideas propias, nuestro derecho a formar parte de una sociedad abierta, libre, diversa y plural.
Académico por la UNAM
