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Un pésimo precedente acabaría sentando el Senado si lograra posponer el apagón analógico. Por el contrario, los senadores se verían muy bien exigiendo se dé cumplimiento a las fechas establecidas, y con ello cumplir con lo establecido en un artículo transitorio de la reforma constitucional de telecomunicaciones.
Para las personas de a pie, el apagón significa que nuestros aparatos de televisión, que no tienen capacidad para mostrar imágenes en alta definición, ya no podrán recibir la señal de los canales de televisión para los cuales no se paga. Lo podrán hacer sólo conectándose a un dispositivo especial, mediante la televisión de paga o adquiriendo o recibiendo con cargo al erario uno de los nuevos aparatos de alta definición.
Definitivamente se causará un daño a las personas de los estratos de ingresos muy bajos que fueron excluidos por negligencia de este programa, pero mayor sería el daño de posponer el apagón. A continuación expongo las razones.
Para empezar, si nuestra clase política quiere ser congruente con el discurso anticorrupción, antiimpunidad y pro Estado de derecho, entonces no les queda más que exigir a las autoridades federales cumplan con los tiempos fijados mediante la reforma. Para ello tendrían que llamarlas a cuentas y obligarlos a presentar un plan de acción con el cual aseguren la entrega de los televisores o dispositivos correspondientes.
Sin embargo, hay un daño mayor si llega a retrasarse el apagón. El daño consiste en que el Estado mexicano no podría darle un uso óptimo a lo que se conoce como el espectro radioeléctrico. El radioespectro, como también se le conoce, es en términos simples el espacio por el que cruzan, en sentido figurativo, “carreteras invisibles” que transportan ondas. En estas carreteras corren las señales que llevan las imágenes para la tv abierta, los datos para internet, la voz de las conversaciones en la telefonía celular, por citar las que más impactan nuestra vida cotidiana.
En concreto, la señal de la tv analógica hace uso de una “carretera” o banda del radioespectro a la que hoy día, por el avance tecnológico, puede dársele un mejor uso para las telecomunicaciones. Por lo tanto, tiene un gran valor comercial y por ende un valor para la hacienda pública del Estado.
Por ello la importancia del “apagón” a fin de liberar y dar un mejor uso a la banda de los 700 MHz. Esta oportunidad creada por el avance tecnológico ha motivado que países desarrollados hayan hecho la migración de la tv analógica a la de alta definición, no sólo porque la calidad de la imagen es mejor, sino porque tienen un sentido claro de rectoría del Estado. Esto implica que el Estado busca que los recursos finitos y escasos, como el espectro radioeléctrico, se usen de tal manera que la sociedad obtenga el mayor beneficio posible que permita la tecnología.
Aquí es justo donde entra la ya famosa discusión sobre la Red Compartida y el uso que se daría a la banda de los 700 MHz, donde las autoridades no sólo se han tardado en definir qué y cómo lo harán, sino también cuál es la mejor manera de que el Estado haga las licitaciones y promueva el mercado para que la cobertura alcance al mayor número de personas. ¿Cómo licitar para que el Estado obtenga la contraprestación correspondiente, se mejoren los servicios de telecomunicaciones y se llegue a las comunidades que hoy en día están excluidas? ¿Por qué tenemos miedo a debatir con seriedad y profundidad los temas que nos conciernen a todos, como es ahora el caso del uso adecuado del radioespectro?
Supongamos que los términos de la reforma constitucional no permiten hacer el mejor uso del espectro que se libera con el apagón. Lo sensato sería reconocerlo y plantear el esquema ideal que permita a la población elevar su bienestar con mejores telecomunicaciones. En este caso, mientras más leo a nuestros expertos en telecomunicaciones, veo que más nos enredan por no entrar al fondo del asunto.
México se merece un debate abierto, transparente, serio y profundo sobre cómo hacer el mejor uso del espectro radioeléctrico y cómo diseñar, en consecuencia, las contraprestaciones que debe recibir el Estado. Y eso sólo se logra con altura de miras y obligando a todos los actores involucrados a hacer explícitos sus intereses. ¿Habrá un político con el tamaño para plantearlo, o sólo les alcanza para posponer el apagón?
Economista.
@jchavezpresa
